Venezuela debe acabar con los ataques a las organizaciones de la sociedad civil, afirma un grupo de expertos independientes
Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. (foto ONU/ Jean-Marc Ferre)
Los expertos en derechos humanos recuerdan que «la libertad de asociación y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática» y piden que Venezuela deje de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil, de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar su trabajo.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* instó este viernes a las autoridades venezolanas a detener la represión que sufren las organizaciones de la sociedad civil en la nación sudamericana.
Los especialistas consideran que desde el pasado mes de noviembre Venezuela ha “estigmatizado y perseguido sistemáticamente” a estas asociaciones, las voces disidentes y a los defensores de los derechos humanos, una situación que debe finalizar de inmediato.
“Dada la preocupante situación socioeconómica en la que se encuentra el país, que empeoró durante la pandemia, las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales son más esenciales que nunca para garantizar el acceso a las necesidades y los servicios básicos respetando los derechos humanos», afirmaron y añadieron que «su papel en la protección de los derechos humanos y en la asistencia a las poblaciones vulnerables debe ser protegido, no socavado”.
Al mismo tiempo, llamaron a los miembros de la recién elegida Asamblea Nacional, cuya toma de posesión está prevista para el próximo 5 de enero, a aprobar leyes que protejan tanto a las oenegés como a los defensores de los derechos humanos, en concordancia con las obligaciones internacionales en materia de garantías fundamentales asumidas por Venezuela y a derogar la legislación restrictiva.
En particular se refirieron a la llamada “Ley contra el odio» de 2017 que, según la opinión de los expertos, se usa para silenciar a los defensores de los derechos humanos y a las voces críticas.
A la par manifestaron que «la libertad de asociación y la libertad de expresión son pilares esenciales de una sociedad democrática» y que «Venezuela debe dejar de intentar controlar a las organizaciones de la sociedad civil, dejar de estigmatizar públicamente a sus líderes y de criminalizar su trabajo y el de los defensores de los derechos humanos».
Posibles restricciones a la financiación extranjera de las ONGs
Aparentemente la nueva Asamblea Nacional prevé dar prioridad a la aprobación de una nueva ley que restringiría de modo significativo el acceso de las organizaciones no gubernamentales a la financiación extranjera.
Esta situación se produce tras la imposición de controles a la sociedad civil durante los últimos meses, como una mayor supervisión de la financiación y de las operaciones financieras de las oenegés ordenadas por la oficina del superintendente del sector bancario, conocida como Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)
“Estas medidas han tenido efectos paralizantes en las organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo humanitario a las poblaciones vulnerables, lo que ha dado lugar a que se agraven las violaciones de los derechos económicos y sociales de las personas a las que estas oenegés ayudan», dijeron los expertos.
Previamente, los relatores ya transmitieron su preocupación de que otras leyes, como la dedicada a la “Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo” puedan usarse para restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
«La sociedad civil desempeña un papel clave en la promoción y protección de los derechos humanos», destacaron. «Ahora más que nunca, la situación humanitaria y de los derechos humanos en Venezuela exige el apoyo y la protección de la sociedad civil, incluyendo a los defensores de los derechos humanos».
*Clément VOULE, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Irene Khan relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y Fionnuala Ní Aoláin relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Swisslatin / ONU Noticias (19.12.2020)
