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Faiza Patel

(foto UN/ Violaine Martin)

Un grupo integrado por once expertos de derechos humanos de la ONU hicieron un llamamiento al Gobierno y al Congreso de Colombia para que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución política del país relativa al fuero penal militar.

A juicio de los expertos, la reforma tendría implicaciones serias para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia.

“De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía (Fuerza Pública)”, indicaron los titulares de mandatos de Naciones Unidas en una carta abierta hecha pública este lunes en Ginebra.

Retroceso histórico

“Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado Colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos,” estimaron los expertos. “Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la Fuerza Pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.”

Los expertos tomaron nota del hecho que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales.

Violaciones del derecho internacional humanitario

“Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos,” dijeron los expertos.

“Estamos particularmente preocupados por el impacto que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, incluyendo los criterios específicos que definen si los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de genocidio.”

Clima de impunidad

Los expertos de Naciones Unidas avisaron que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales, como la corte de control para tratar con cualquier acusación contra un miembro de la Fuerza Pública, sugeriría que el acusado estaría recibiendo un trato preferente, lo cual podría generar un clima de impunidad.

También consideraron que este tribunal, entre otras cosas, examinaría casos exclusivamente relacionados con el personal militar o policial, supondría la existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los individuos y entorpecer del debido proceso legal, atentando así contra el Estado de Derecho.

“Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos contra población civil, incluyendo a defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo,” estimaron.

Los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su asesoría para que se desarrollen las medidas necesarias para lograr un marco constitucional y legislativo que refuerce la lucha contra la impunidad y la consecución de la paz en Colombia.

Los expertos firmantes

Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
El Hadji Malick Sow, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
Faiza Patel, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación.
Frank La Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Gabriela Knaul, Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados
Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Kamala Chandrakirana, Presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Olivier de Frouville, Presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
Rashida Manjoo, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias.

Swisslatin / UN News  (22.10.2012)