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La abogada Olivia Rajerison, atiende a un taller sobre apatridia del ACNUR. (foto ACNUR / Roger Arnold)

En 25 países de todo el mundo, las leyes de nacionalidad no permiten a las mujeres conferir su nacionalidad a sus hijos, al contrario que a los hombres.

ONU Mujeres, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidieron hoy un mayor esfuerzo para erradicar la desigualdad de género en las leyes de nacionalidad, factor clave de la apatridia.

En 25 países de todo el mundo, las leyes de nacionalidad no permiten a las mujeres conferir su nacionalidad a sus hijos, al contrario que a los hombres. En más de 50 países, a las mujeres se les niegan los mismos derechos para obtener, cambiar o conservar su nacionalidad. Estas leyes discriminatorias resultan en violaciones de los derechos humanos.

En un evento de alto nivel en Nueva York, las tres agencias de la ONU, la Campaña Mundial para la Igualdad en Derechos de Nacionalidad, y mujeres afectadas, discutieron sobre los beneficios tener igualdad de género en las leyes de nacionalidad y compartieron las lecciones aprendidas de las recientes reformas en otras legislaciones relevantes.

El evento se celebró junto a la 62ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer (CSW62), que este año se centra en el empoderamiento de las mujeres y las niñas en zonas rurales.

La discriminación de la mujer en las leyes de nacionalidad paraliza su vida cotidiana. Es una de las principales causas de apatridia, cualidad de una persona que no es reconocida como ciudadana de ningún país. Esto puede conducir a la negación de los derechos humanos básicos que la mayoría damos por hecho, como el acceso a la educación, la atención médica, la seguridad social, la oportunidad de poder trabajar o la participación en procesos políticos.

Estas leyes de nacionalidad discriminatorias también pueden aumentar el riesgo de violencia de género, amenazar la unidad familiar y están, a menudo, relacionadas con la marginación social y el trauma psicológico.

Dichas leyes y sus prácticas contradicen una serie de convenciones, acuerdos y recomendaciones internacionales. Por ejemplo, según la recomendación general No. 34 sobre los derechos de las mujeres en zonas rurales, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés): “los Estados partes deberían velar por que las mujeres rurales puedan adquirir, cambiar, conservar, o renunciar a su nacionalidad, o transmitirla a sus hijos o a su cónyuge extranjero, en las mismas condiciones que los hombres, y por que reconozcan sus derechos en este sentido. Los Estados partes también deberían proporcionar acceso a las mujeres rurales a documentos de identificación personal (como carnés de identidad, pasaportes y número de la seguridad social) y garantizar que los procedimientos de registro civil, en partícula de nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, sean accesibles en la zonas rurales”.

Hay una creciente voluntad para reformar las leyes de nacionalidad discriminatorias en materia de género. Varios acontecimientos positivos han tenido lugar en los últimos tiempos: tan solo en 2017, dos países, Madagascar y Sierra Leona, reformaron sus leyes para permitir a las mujeres poder conferir su nacionalidad a sus hijos en igualdad de condiciones que los hombres. Estos logros siguen a las reformas similares realizadas en otros 15 países en los últimos 15 años.

ONU Mujeres, ACNUR y UNICEF están aumentando sus esfuerzos para trabajar hacia un mundo en el que a ninguna mujer o niño se le nieguen los derechos humanos básicos como resultado de la discriminación de género en las leyes de nacionalidad. Estos esfuerzos también contribuirán al objetivo de “no dejar a nadie atrás”, descrito en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y terminar con la apatridia para 2024, objetivo de la campaña #IBelong.

Swisslatin / Acnur news (27.03.2018)