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Afiche de la campaña de Amnistia 

La pena capital viola el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Ante el anuncio de algunos países de restaurar el castigo capital, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, instó nuevamente a todas las naciones del mundo a poner fin a la aplicación de la pena de muerte.

Durante la inauguración de un encuentro bienal en Ginebra sobre la pena capital en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos, Zeid indicó que en los últimos decenios un número creciente de órganos judiciales señalan que la pena de muerte viola, por sí misma, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El Alto Comisionado mencionó que diversos organismos nacionales e internacionales han determinado que varios métodos de ejecución violan la prohibición de la tortura al reo, debido al dolor y sufrimiento que causan a este o a sus parientes.

El corredor de la muerte

Entre los ejemplos que citó se encuentran los presos que esperan su ejecución en el corredor de la muerte o la información inadecuada proporcionada por las autoridades a los familiares de un recluso ante su ejecución.

Zeid destacó que a pesar de que tres de cada cuatro países abolieron o no usan la pena de muerte, en los dos últimos años aumentó el número total de ejecuciones en los Estados que la practican.

Finalmente, señaló que la aplicación de la pena capital es “caprichosa y a menudo discriminatoria” y no demuestra ningún efecto disuasorio más allá de otros castigos.

El caso Ayotzinapa

Por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por las conclusiones de una investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las irregularidades cometidas en el caso Ayotzinapa.

La pesquisa identificó únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se proponga la apertura de alguna investigación penal.

Esas faltas habrían sido cometidas por nueve funcionarios, en su mayoría mandos medios — peritos y ministerios públicos–, así como por su ex-director de la Agencia de Investigación Criminal.

Detenciones arbitrarias

Sin embargo, la Oficina de la ONU recordó que desde el inicio del caso pudo documentar graves violaciones de derechos humanos y que cuenta con “elementos de convicción” de que funcionarios de la Procuraduría torturaron a personas procesadas, realizaron detenciones arbitrarias, transgredieron el debido proceso y quebrantaron el derecho a la verdad.

Añadió que esos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de la PGR desde el año pasado y con el Mecanismo de seguimiento del caso.

Tomando en cuenta que Ayotzinapa es un caso grave y de legítimo interés público, el representante en México del Alto Comisionado exhortó a las autoridades mexicanas a transparentar los resultados de la investigación y hacerlos del conocimiento de la sociedad.

Apoyo a las familias

Finalmente, la ONU-DH reiteró su apoyo a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia, así como a las organizaciones que las acompañan; destacó la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, y expresó su disposición para seguir colaborando con las autoridades y con el Mecanismo de seguimiento para lograr una adecuada resolución del caso.

Swisslatin / UN News (02.03.2017)


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