No negamos nuestros grandes retos en derechos humanos, afirma México ante la ONU
Marcha en protesta por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la Ciudad de México (foto UNIC / Mexico)
México reconoció los desafíos mayúsculos que enfrenta en el campo de las garantías fundamentales y citó como el primero de ellos el combate a la impunidad y el acceso efectivo a la justicia. El país latinoamericano se sometió este miércoles alExamen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La delegación mexicana que presentó el informe del país ante el órgano de Naciones Unidas en Ginebra contó con altos representantes de los tres poderes del Estado y fue presidida por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas.
“México enfrenta retos considerables en materia de derechos humanos, no venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”, dijo Ruiz Cabañas al inicio de su presentación, en la que también aseguró que el Estado mexicano aborda los desafíos con toda su capacidad y que está abierto a recomendaciones.
La impunidad rampante; la tortura; las desapariciones de personas; la violencia contra periodistas y activistas de derechos humanos; los feminicidios y violencia de género; las violaciones a los derechos de los migrantes; y la discriminación contra grupos vulnerables fueron algunos de los atropellos que el Gobierno mexicano aceptó como ocurrencias sistemáticas en su territorio.
El presidente de la delegación señaló que estas transgresiones exigen a todos los servidores públicos de los tres niveles del gobierno redoblar los esfuerzos para garantizar a la ciudadanía el pleno goce de sus derechos y libertades básicas.
Avances y compromisos
Subrayó que, en los cinco años transcurridos desde la última revisión por parte del Consejo de Derechos Humanos, México ha registrado avances normativos e institucionales importantes. Sin embargo, reiteró que el país asume sus responsabilidades y está comprometido a combatir sus grandes desafíos.
“Primero, la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal y combate a la impunidad que asegure el acceso efectivo a la justicia tanto a nivel federal como local. Segundo, la operación eficaz de todas las disposiciones y mecanismo creados a partir de la Ley General de Desaparición de Personas y la Ley contra la Tortura”, puntualizó Ruiz Cabañas.
Otros compromisos citados por la delegación mexicana incluyeron la erradicación de la violencia generada por el crimen organizado y la reparación integral de las víctimas; el fortalecimiento del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; la incorporación plena en todo el país de las acciones de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; y la atención adecuada de las personas que enfrentan situación de vulnerabilidad, buscando su desarrollo económico y social conforme a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Ruiz Cabañas sostuvo que uno de los obstáculos en la lucha del país por mejorar la situación de los derechos humanos es la complejidad de la constitución administrativa de México, una república federal con 32 estados en la que cada uno de ellos tiene su propia Carta Magna y poderes, lo que dificulta la coordinación de los esfuerzos entre los distintos niveles del Estado, pese a las numerosas modificaciones de las legislaciones nacionales y locales realizadas durante el último lustro para facilitar la labor.
Caravana migrante
La caravana de migrantes centroamericanos mereció una mención especial en la presentación de México. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Kenia López Rabadán, advirtió que esas afrontan una serie de abusos.
“Más de 5.000 personas centroamericanas atraviesan México en una caravana migrante que huye del crimen organizado, de la pobreza y de la falta de oportunidades. Esas personas migrantes están sufriendo violencia, discriminación, impunidad y marginación, pero no son las únicas, en México entero vivimos tiempos críticos en materia de derechos humanos”, apuntó.
Por su parte, Rafael Avante, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, recordó que en México la condición de migrante no implica ningún tipo de criminalización.
“En México, nadie, nadie es ilegal…un migrante puede tener el reconocimiento de su identidad y de su personalidad jurídica…Ante la situación inédita que hoy vive el país relacionada con la caravana migrante, el gobierno de México reitera su tradicional hospitalidad y solidaridad, así como su compromiso con una migración regular, ordenada y segura”, subrayó.
Avante agregó que el gobierno federal ha puesto en marcha un plan de protección, empleo temporal, educación y servicios a los migrantes que regularicen su situación en México e informó que, hasta el momento, el país ha recibido 3.230 solicitudes de asilo.
Para concluir su comparecencia, la delegación mexicana aseveró haber tomado nota de las preocupaciones expresadas por los integrantes del Consejo de Derechos Humanos con respecto a las violaciones de esas garantías en el país y refrendó su disposición a continuar trabajando para avanzar en ese terreno.
Todos los Estados miembros de la ONU son evaluados cada cinco años por el Consejo de Derechos Humanos.
Swisslatin / ONU news (09.11.2018)
