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Cañada Real, un barrio pobre de Madrid, España. (foto ONU/ Bassam Khawaja)

Una mentalidad burocrática permite a las autoridades españolas eludir su responsabilidad en la erradicación de la pobreza y valora más el formalismo que el bienestar de las personas, asegura un experto de la ONU en derechos humanos, para quien el anuncio del actual Gobierno de que dará prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y las condiciones materiales de los más vulnerables es digno de elogio, aunque espera que esas palabras se traduzcan en hechos.

España es la cuarta economía de la Unión Europea, sin embargo, más del 55 % de la población tiene alguna dificultad para llegar a fin de mes, el sistema de prestación de asistencia social está roto y ocupa los últimos lugares en demasiadas clasificaciones sociales de la Unión Europea, según un informe sobre pobreza en el país que se presentará hoy martes al Consejo de Derechos Humanos.

“La economía española, cuarta de la Unión Europea, ha experimentado un crecimiento constante desde la crisis, propiciando una disminución del desempleo y un aumento de los salarios y las exportaciones. Sin embargo, la recuperación ha beneficiado principalmente al estrato más rico de la sociedad y, en gran medida, los poderes públicos han fallado a las personas que viven en la pobreza”, asegura Philip Alston en el informe sobre la visita que llevo a cabo en España en enero y febrero pasado.

Alston visitó durante 12 días el país en su calidad de relator* especial sobre la extrema pobreza 
y los derechos humanos donde observó de primera mano el significado de los alarmantes indicadores oficiales relacionados con la pobreza:

  • el 26,1 % de la población y el 29,5 % de las niñas y niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018
  • Más del 55 % de la población tenía alguna dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4 % sufría de carencia material severa
  • La tasa de desempleo del 13,78 % representa más del doble del promedio de la Unión Europea, y la situación de la población joven es particularmente dramática, puesto que el porcentaje de las personas menores de 25 años que no tienen empleo alcanza el 30,51 %
  • Las alzas publicadas en las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de personas en riesgo de pobreza con empleo de la Unión Europea, ya que muchas personas tienen un puesto mal remunerado, a tiempo parcial o temporal y perciben un sueldo insuficiente a todas luces para atender sus necesidades básicas
  • Los índices de desigualdad son terriblemente altos, y los correspondientes indicadores se sitúan muy por encima del promedio de la Unión Europea

Abandonados

Detrás de todas esas cifras hay personas de carne y hueso, asegura Alston, quien cuenta que en Madrid conoció a “una mujer que criaba a sus hijos en una zona considerada peligrosa para la salud, rodeada por el olor de las incineradoras de residuos cercanas y en una casa en peligro de derrumbe”.

También se encontró con muchas personas que habían perdido sus ahorros durante la crisis y otras que tenían que elegir entre poner comida en la mesa o calentar la casa. “Un grandísimo número de ellas se enfrentaban a la posibilidad de ser desalojadas y no lograban encontrar una vivienda asequible. Casi todas buscaban ansiosamente un trabajo decente”.

La palabra que oyó con más frecuencia el relator especial durante las dos semanas de su visita fue abandonados.

“Abandonados los habitantes de un pueblo sin transporte público para ir al médico y sin dinero para pagar un transporte privado. Abandonados en un suburbio estigmatizado de renta baja que la policía evita. Abandonados frente a caseras y caseros sin escrúpulos, aumentos desorbitados del alquiler o viviendas protegidas destartaladas, y abandonados frente a un sistema burocrático arbitrario que niega ayudas vitales sin dar explicaciones”, afirma el experto, quien también llevó a cabo visitas a Estados Unidos y al Reino Unido durante su mandato.

Para Alston, la gente se siente abandonada con razón. La recuperación económica ha beneficiado mayoritariamente a las grandes empresas y a las personas más adineradas, mientras que muchos de los servicios públicos y las protecciones que sufrieron graves recortes después de 2008 no se han restablecido.

“El crecimiento de las rentas ha beneficiado principalmente a quienes están arriba: entre 2007 y 2017, mientras las rentas del 1 % más rico crecieron un 24 %, el 90 % más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media, un 2%”, explica.

De acuerdo con el informe, los beneficios empresariales en gran medida se han recuperado desde la crisis, pero la parte de los ingresos tributarios correspondiente al impuesto de sociedades se dividió por la mitad entre 2007 y 2019, pasando del 22,3 % de los ingresos tributarios totales al 11,9 %.

“Antes de la crisis, España había permanecido relativamente inmune al aumento de la desigualdad que afectaba a tantos otros países, pero los índices de desigualdad se han disparado desde 2010”, concluye el relator.

Un sistema de prestación social roto

“En cambio, los poderes públicos han fallado mayoritariamente a las personas que viven en la pobreza”, indica el experto para quien resulta más que evidente que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, aunque se nombren frecuentemente en los discursos.

Mientras tanto los gastos de vivienda se disparan, se privatizan bloques de apartamentos y se realizan desalojos agresivos, la oferta de viviendas sociales de bajo costo es casi inexistente, a pesar del consenso existente sobre su necesidad.

“El sistema de prestación de asistencia social está roto”, concluye el relator, que explica que un el sistema debería contribuir de manera importante a reducir la pobreza, pero resulta extraordinariamente ineficaz, ya que las familias ricas se benefician más de las transferencias monetarias que las pobres.

Todo ello se agrava por “una arraigada mentalidad burocrática en muchas partes de la administración pública que valora más el formalismo que el bienestar de las personas”.

Ese sistema de prestación social roto ha quedado ahora al descubierto por la pandemia de COVID-19, según un comunicado publicado por el propio Alston, quien hace unas semanas dejó el cargo.

“La red de protección social de España ya era completamente inadecuada antes del Covid-19, pero desde entonces la pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente le está fallando a la gente”, afirma el titular de la cátedra John Norton Pomeroy de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Una paradoja

Los indicadores de pobreza en España se encuentran entre los más altos de Europa y la capacidad de las transferencias monetarias existentes para reducir la pobreza se sitúa entre las más bajas de la Unión Europea. Debido a ello, “hoy en día, España ocupa los últimos lugares en demasiadas clasificaciones sociales de la Unión Europea”.

Sin embargo, Alston destaca que “si se pudiera solucionar la pobreza con planes estratégicos y voluminosos informes, España estaría a la cabeza”.

El problema es que si no se actúa a conciencia para hacer realidad los derechos sociales de la ciudadanía a la vivienda, a la educación y a un nivel de vida adecuado, esos grandes propósitos seguirán siendo tan ineficaces como lo han sido en la última década.

Por ello, resalta que España necesita innovación en el Gobierno central, que debe contar con recursos y con el apoyo de las comunidades autónomas para realizar reformas de gran alcance.

“El anuncio del Gobierno de que dará prioridad a los derechos sociales, la justicia fiscal y la mejora de las condiciones materiales de las personas más vulnerables es digno de elogio, pero sus palabras deben traducirse en hechos. La pobreza existe, en definitiva, a causa de decisiones políticas, y los gobiernos pueden optar, si lo desean, por eliminarla”, concluye.

Recomendaciones

Además de las numerosas recomendaciones formuladas anteriormente por los expertos en derechos humanos a España, incluido el propio Alston, el experto destaca que es de particular importancia que el Gobierno:

  • Adopte un programa nacional de renta mínima de inserción que permita a las personas beneficiarias, incluidas las menores de 25 años, vivir con dignidad, circular libremente por España, evitar los onerosos requisitos administrativos y no ser castigadas por aceptar trabajos mal remunerados o temporales. Debería introducirse una prestación nacional por hijas o hijos a cargo para los progenitores con menos recursos, así como un plan de prestaciones no contributivas universales para las familias y las personas con hijas o hijos a cargo
  • Tome en serio el derecho a la vivienda. Como mínimo, esto debería significar:
    • aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda
    • aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida
    • desincentivar fiscalmente que se dejen viviendas vacías
    • estudiar seriamente la posibilidad de introducir sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades
    • adoptar medidas para desalentar la manipulación de los mercados de la vivienda por los “fondos buitre”
    • actuar para impedir la privatización de las viviendas de bajo costo existentes
    • proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad
    • apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar
  • Emprenda una exhaustiva revisión del sistema educativo para reducir los alarmantes niveles de abandono escolar temprano, repetición de curso y segregación escolar. Sufragar la totalidad de los gastos relacionados con la educación de las niñas y niños que se encuentran en riesgo de pobreza e introducir programas nacionales de educación preescolar para las niñas y niños con edades comprendidas entre 0 y 3 años y de apoyo extraescolar
  • Aumente la progresividad del sistema tributario e incremente los ingresos tributarios totales para que se ajusten más a la norma de la Unión Europea, lo que permitirá obtener los recursos necesarios para financiar adecuadamente la protección social. Dejar de ocultar el tipo efectivo del impuesto de sociedades e invertir en programas más eficaces para combatir la elusión de impuestos y el fraude fiscal
  • Lleve a cabo un estudio exhaustivo e independiente para evaluar por qué, después de años de programas de ayuda pública, tantas personas de la comunidad romaní siguen viviendo en condiciones inaceptables y sus hijas e hijos están condenados a repetir el ciclo de pobreza y exclusión. El estudio debería dar lugar a una respuesta coordinada que sea acorde con la magnitud de la crisis, y acompañarse de una labor de recopilación de las estadísticas necesarias para medir las mejoras
  • Proporcione a la población migrante condiciones de trabajo decentes y un camino hacia la residencia legal que no requiera años de espera y una oferta de trabajo a tiempo completo
  • Realice un estudio exhaustivo para reducir los trámites innecesarios y transformar las prácticas burocráticas en la esfera de la protección social, con miras a simplificar el proceso de solicitud y reducir los obstáculos burocráticos y los requisitos excesivos
  • Faculte a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal para que lleve a cabo auditorías y estudios de investigación por iniciativa propia, sin necesidad de que se lo solicite una autoridad.

Swisslatin / ONU N0ticias (07.07.2020)