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Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos. (foto MINUSTAH)

Tras visitar el país, un experto independiente señala que la creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de verse afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas.

La creciente criminalización y estigmatización de los defensores y defensoras de derechos humanos y de las comunidades locales en todo Perú por parte de actores estatales y no estatales deben ser abordadas con urgencia, dijo hoy un experto en derechos humanos de la ONU.

A pesar de los encomiables esfuerzos del Gobierno por proteger a las defensoras y defensores, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, dijo que había observado que los patrones de amenazas y ataques en su contra se repiten en Cajamarca, Piura, Cusco, Ucayali y Madre de Dios. “Sufren de criminalización, acoso judicial, estigmatización, intimidación y uso excesivo de la fuerza policial durante las protestas sociales”, dijo al final de una visita de 14 días.

“Celebro la adopción del Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, las medidas adoptadas para ratificar el Acuerdo de Escazú y el Plan Nacional de Derechos Humanos. Se trata de iniciativas muy positivas, y aliento al Gobierno a que asigne recursos humanos y financieros adecuados, y que asegure la plena participación de las instituciones estatales y regionales en su aplicación”.

Sin embargo, las personas defensoras de derechos humanos siguen estando en peligro, especialmente quienes protegen la tierra, los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas. “La creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de ser afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas. Las defensoras de derechos humanos, que abogan por los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las personas LGBTI también enfrentan ataques de grupos conservadores y religiosos. Los periodistas que revelan escándalos de corrupción también son blanco de ataques”, dijo el experto.

Forst se reunió con unas 450 defensoras y defensores de derechos humanos de varias regiones, de los cuales el 40 por ciento eran mujeres.

 

Las personas defensoras en el Perú son tildadas por diferentes sectores de la sociedad como “terroristas”, “feminazis”, “criminales” o “antidesarrollo”. “Me preocupa que los funcionarios del Estado, las empresas privadas y los medios de comunicación no entiendan realmente quiénes son los defensores y defensoras de derechos humanos. Debe reconocerse el papel vital de quienes defienden los derechos humanos y con ello contribuyen a la sociedad”, dijo Forst.

 

“En las zonas rurales, los conflictos sociales y ambientales están intrínsecamente vinculados a patrones sistémicos de discriminación y a modelos de explotación de recursos naturales no sostenibles, a costa de los derechos de las comunidades afectadas y del medio ambiente”, añadió el experto. “La falta de consultas previas efectivas, la corrupción y el papel de los actores informales y criminales son un caldo de cultivo para los conflictos sociales y la destrucción del medio ambiente”.

 

En el último día de su visita, el Relator Especial entregó una Declaración de Fin de Misión que incluye una serie de recomendaciones para las autoridades peruanas y otros actores con el fin de mejorar la protección de las personas defensoras de derechos humanos.