La ONU insta al Congreso de Guatemala a rechazar la ley de aministía
Mujeres indígenas en Guatemala fueron violadas y esclavizadas por militares en la comunidad de Sepur Zarco durante la guerra civil. (foto ONU Mujeres/Ryan Brown)
El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio asegura que esa medida tendría graves consecuencias para la estabilidad del país y supondría una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia.
En una declaración publicada este martes, Adama Dieng urge los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996.
El asesor especial del Secretario General también expresa su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.
El proyecto de ley en discusión en el Congreso de Guatemala otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos aquéllos condenados y a todos aquéllos acusados en espera de juicio por crímenes internacionales graves cometidos durante la guerra civil de Guatemala entre 1960 y 1996.
Esto incluiría el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Si se aprueba en su formato actual, el proyecto de ley también pondría fin a todas las investigaciones y procesos judiciales en curso e impediría investigaciones futuras sobre violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante ese período.
Una clara violación de la Constitución
La propuesta de revisión constituye una clara violación del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales a las cuáles Guatemala se ha comprometido voluntariamente en virtud del Derecho Internacional, incluida la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, de la que Guatemala es parte.
Entre otras, la Convención establece obligaciones claras de investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción del delito de genocidio. Obligaciones similares en relación a otros crímenes internacionales están previstas en tratados internacionales de los que Guatemala es parte.
Según el asesor especial para la Prevención del Genocidio, «el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia».
Dieng destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.
Si no hay justicia, prevalece la impunidad
“El juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad «, afirmó.
La rendición de cuentas por delitos del pasado constituye un derecho básico de las víctimas y de sus familias a obtener justicia y otras reparaciones. Es una herramienta fundamental para la paz y la seguridad, porque reconstruye el tejido social de las sociedades y fortalece los procesos de reconciliación. Además, reconoce el sufrimiento de las víctimas y las comunidades involucradas y contribuye a evitar sentimientos de frustración, venganza y desconfianza que pudieran ser utilizados con fines políticos o para incitar o justificar más violencia.
Dieng concluyó asegurando que “Guatemala necesita reconstruir la confianza de la población en las instituciones del Estado. Para eso, es necesario que Guatemala fortalezca el respeto al Estado de Derecho. La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado.
Una amnistía general representa una erosión de esa confianza y podría afectar negativamente los esfuerzos de reconciliación que se han hecho en el país. Insto a todos los miembros del Congreso a reflexionar muy seriamente sobre el impacto de su decisión, a asegurar que Guatemala continúe avanzando en sus esfuerzos por combatir la impunidad, y que el país siga siendo un ejemplo para el mundo en la búsqueda de la justicia «.
Swisslatin / ONU news (14.03.2019)
