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Indígenas frente al Convenio 169 (UN)

Indígenas frente al Convenio 169 (UN)

Los gobiernos aplican de manera inadecuada las disposiciones sobre consulta y participación.

A pesar de que en América Latina 15 países han ratificado el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, existen dificultades para su debida aplicación, en su mayoría derivadas de la aplicación inadecuada de disposiciones sobre consulta y participación.

Según el Director Regional de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT), José Manuel Salazar, “todos los países enfrentan el reto de implementar procedimientos de consulta previa eficaces, eficientes, predecibles y que arrojen resultados beneficiosos”.

Durante su participación en la I Conferencia Internacional de Minería (CONFEMIN)  realizada en el marco de Expo Mina Perú 2016, el Director de la OIT explicó que el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989)  fue concebido para conciliar la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, con la seguridad jurídica que demanda el proceso de desarrollo e inversión.

Crecen las brechas

“Un patrón persistente de exclusión social de los pueblos indígenas”, y que “en prácticamente todos los indicadores sociales, laborales y de ingreso las brechas entre indígenas y no indígenas son amplias”, subrayó Salazar.

También recordó el contexto en que fue aprobada esta norma internacional y subrayó que se trata de un instrumento vinculante que obliga a los países ratificantes a aplicarlo.

Consulta previa

Sin embargo, son frecuentes los problemas relacionados con esta aplicación, en particular en lo referido a la consulta previa prevista en el artículo 6, dijo el Director de la OIT.

“La aplicación inadecuada de las disposiciones sobre la consulta, la participación y los estudios de evaluación de impacto en el contexto de la prospección y exploración de recursos naturales ha sido un problema común”, explicó.

Destacó que las consultas deben ser realizadas con el objetivo de lograr un acuerdo, pero no implican un derecho a veto. Por otra parte el Convenio establece que estos procesos deben ser llevados a cabo por los Gobiernos y no por las empresas.

Los principales problemas

Salazar expuso algunos de los problemas que suele enfrentar la aplicación de la consulta previa, como el alto nivel de desconfianza entre las partes, la ausencia de espacios de diálogo permanente, y el costo de las consultas.

Además la necesidad que sean gestionadas eficazmente por una institucionalidad pública competente, expectativas muy grandes o equivocadas sobre estos procesos, falta de comprensión sobre el objetivo de lograr acuerdos que tiene la consulta y problemas de representatividad de los pueblos indígenas.

“No ha sido fácil encontrar un modelo institucional que cierre la brecha entre los estándares internacionales, y la regulación que rige los procesos nacionales de consulta”, dijo Salazar. Añadió que “desde 1997 se han presentado al sistema de control de normas de la OIT 32 reclamaciones contra gobiernos que han ratificado el Convenio 169”.

Swisslatin / ILO News (19.9.2016)