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Manifestación en la Ciudad de México sobre el caso de la escuela Normal de Ayotzinapa (foto UNIC/México)


La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de México firmaron hoy un acuerdo para la asesoría y asistencia técnica en el caso Ayotzinapa.

 
La Oficina cooperará con el Estado mexicano para que las legítimas exigencias de las víctimas y sus familias se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad y justicia.

“En esta nueva etapa del caso, mi Oficina, a través de su Representación en México, será una aliada que no dudará en contribuir para que se den avances, reconocer cuando se logren los compromisos con las familias, así como alertar de cualquier incumplimiento”, afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el discurso que pronunció en la ceremonia de firma del Acuerdo.

Los hechos se remontan a la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaba en cinco autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México y la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.

Un total de 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas (entre ellas tres estudiantes) fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas.

Posteriormente, el 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General, anunció que el caso estaba resuelto: los estudiantes desaparecidos habían sido entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan. El papel de diversas fuerzas de seguridad en estos hechos está bajo investigación.

En el marco de la protección de los derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado ha examinado como se condujo la investigación del caso y ha encontrado “sólidos motivos” que indican que una parte de las personas detenidas en la fase inicial de las pesquisas fue arrestada de manera arbitraria y torturada.

“Estas graves violaciones fueron objeto de investigaciones inadecuadas e incluso de encubrimiento”, indica el informe de la Oficina del Alto Comisionado publicado este jueves.

El documento estudia los casos de sesenta y tres de los ciento veintinueve imputados en la desaparición de los estudiantes y señala que la Oficina del Alto Comisionado “cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir” que al menos treinta y cuatro “habrían sufrido torturas”, tras un análisis de los expedientes judiciales, pruebas médicas y una serie de entrevistas con autoridades, detenidos y testigos.

Las explicaciones ante las lesiones de los detenidos fueron en muchos casos “justificaciones no plausibles y contradictorias”, destaca el informe, que también incluye autoinculpaciones de detenidos que presentaban múltiples lesiones, según atestiguan los informes médicos.

Doble injusticia

El representante de la Oficina del Alto Comisionado en México, Jan jarab, destacó en una entrevista con el Centro de Información de México la doble aflicción que el caso provoca en el país.

“Es una doble injusticia porque por un lado es una injusticia hacia los procesados que han sufrido tortura y otras violaciones de sus derechos humanos, pero también el derecho a la verdad no solo de las familias, no solo de los sobrevivientes de la tragedia de Ayotzinapa, sino el derecho a la verdad de toda la sociedad mexicana”. 

Swisslatin / OHCHR press ONU (08.04.2019)