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Sala del Consejo Derechos Humanos (UN)

Sala del Consejo Derechos Humanos (UN)

Experto de la ONU pone de relieve el conflicto de intereses de los médicos forenses que trabajan para la policía.

Un nuevo informe del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, resalta la clara conexión existente entre la tortura y la corrupción y destaca que en aquellos lugares con niveles más altos de corrupción, es más improbable que los malos tratos sean descubiertos o llevados ante la justicia.

En la presentación de su informe anual, el presidente del organismo, Malcolm Evans, señaló que
“los incidentes de tortura y malos tratos en todo el mundo no disminuyen y la necesidad de medidas efectivas de prevención es mayor que nunca”.

Desde una perspectiva práctica estas iniciativas de prevención se están complicando cada vez más debido a todo tipo de retrasos en la provisión de información y la falta de acceso a instalaciones de detención en los 74 países que han ratificado el Protocolo Facultativo contra la Tortura de la ONU.

Falta de visitas inspectivas

Evans aseguró que el número de visitas que el organismo está llevando a cabo a esos países es demasiado bajo ya que al ritmo actual, cada uno solo recibiría una visita completa cada 25 años.
La falta de visitas de seguimiento complica la labor del organismo para establecer en qué medida sus recomendaciones están siendo implementadas, añadió.

Las investigaciones sobre tortura deben hacerse con premura y de forma imparcial e independiente para que sean efectivas, aunque esa parece ser la excepción en muchos países, señaló por su parte, el relator de la ONU sobre tortura.

El conflicto de intereses de los médicos

En su informe ante la Asamblea General de la ONU, Juan Méndez alertó que si los médicos forenses trabajan para la policía, el sector de seguridad o las prisiones, pueden afrontar un conflicto de intereses entre su empleador y su obligación de reportar casos de tortura por temor a represalias.

No obstante, en muchas jurisdicciones funciona de esa manera, señaló el experto, y recomendó que los sistemas sean reorganizados para asegurar su independencia, además de enviar los casos a asesoría externa, fuera de los servicios médicos que dependen del Estado.

En su informe, el relator urgió a los gobiernos a emprender investigaciones efectivas cuando existen indicativos de tortura, aún sin que se presente una denuncia formal.

El Salvador, Bolivia y Paraguay al Consejo

Por otro lado, El Salvador, Bolivia y Paraguay resultaron electos por la Asamblea General de la ONU entre los 15 nuevos miembros que formarán parte del Consejo de Derechos Humanos a partir del 1 de enero de 2015, en sustitución de Chile Costa Rica y Perú.

Esta es la primera oportunidad en que El Salvador y Paraguay ocupan un mandato en el órgano especializado de la ONU desde que fue fundado en 2006. El Salvador obtuvo 151 votos y Paraguay 139.

Además de los países elegidos continuarán su mandato el próximo año Argentina, Brasil, Cuba, México y Venezuela. El Consejo está integrado por 47 Estados miembros que sirven por un periodo de tres años.

Swisslatin (22.10.2014)