La abolición de la pena de muerte pide Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
La silla eléctrica símbolo de la pena de muerte (AI)
Navy Pillay deploró que en una veintena de países todavía se ejecute a las personas en violación a leyes internacionales.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, deploró que aún en más de veinte países se siga aplicando la pena de muerte y abogó por la inmediata abolición de este acto degradante para dignidad humana.
Pillay denunció que todavía se ejecute a las personas, con frecuencia en violación directa de lo que establecen las leyes internacionales y en particular la Convención de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Situación actual
En la actualidad 160 países han abolido la pena de muerte, impuesto una moratoria o han dejado de aplicar ese máximo castigo. Pakistán, los Emiratos Árabes Unidos y el estado de Washington, en los Estados Unidos, son los lugares en que se ha decidido más recientemente establecer un aplazamiento o suspender ese tipo de ejecuciones.
Ante un panel de alto nivel sobre el tema, celebrado en Ginebra, la Alta Comisionada señaló que acogía con beneplácito esos avances, y citó tres razones por las cuales se debería promover la abolición universal de esa pena capital.
Derecho a la vida y errores
En primer término, afirmó, contraviene el derecho a la vida. Éste no puede ser negado por la sed de venganza, enfatizó Pillay.
“La segunda razón para su abolición es una cuestión de finalidad. Aún los países más desarrollados, con sistemas legales robustos y eficientes, con múltiples salvaguardias judiciales, han condenado a muerte a individuos que posteriormente resultaron inocentes”.
Donde sea que la pena de muerte es implementada existe un alto riesgo de que se ejecute a una persona por un crimen que no ha cometido”, agregó la Alta Comisionada.
No disuade a criminales
La tercera razón, manifestó, es el mito de que la pena de muerte tiene un efecto disuasivo. No hay evidencias de que esa condena desaliente el crimen en mayor proporción que otros castigos, dijo Pillay, y urgió a los Estados que todavía usan ese tipo de castigo a actuar con rapidez para abolirlo.
Por otro lado, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, ha seguido la situación en Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Vietnam, Nyanmar, sobre los cuales ha elaborado informes presentados ante el Consejo de los Derechos Humanos.
Swisslatin (06.03.2014)
