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Bandera de España junto a la bandera de la ONU. (foto ONU)

España ha violado los derechos humanos de una persona quien sufrió tortura bajo detención en régimen de incomunicación, concluyó el Comité de Derechos Humanos de la ONU en un dictamen emitido hoy en Ginebra.

El Comité instó España a asegurar justicia y reparación al autor de la queja, pidiendo también a España poner fin a la detención en régimen de incomunicación ya que crea un contexto más propicio a la tortura.

La persona que presentó su queja ante el Comité de Derechos Humanos era miembro de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Fue detenido el 6 de diciembre de 2007 por agentes de la Guardia Civil en Berriz, provincia de Vizcaya, País Vasco, y permaneció incomunicado durante cinco días en las oficinas de la Guardia Civil en Madrid, donde fue sometido a actos de tortura por los agentes, incluso a violencia sexual.

“La tortura está prohibida por el Pacto porque viola el derecho humano de toda persona a ser tratada con dignidad en cualquier circunstancia”, dijo Tania Abdo Rocholl, experta del Comité de Derechos Humanos. “La tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por motivos de seguridad nacional”.

La víctima presentó su queja ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo de expertos independientes compuesto por 18 expertos internacionales en derechos humanos, ya que España ratificó en 1985 el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otorgando al Comité el mandato para examinar denuncias de violaciones de derechos humanos.

El Comité también instó a que las denuncias de tortura sean investigadas de manera inmediata, exhaustiva e imparcial por las autoridades competentes.

Además, para evitar violaciones similares en el futuro, el Comité también instó a España a tomar medidas legislativas destinadas a poner fin a la detención en régimen de incomunicación, lo cual sirvió para crear un contexto más propicio para los actos de tortura.

El siguiente paso es que España informe al Comité dentro de 180 días sobre las medidas que el país vaya a tomar para implementar la decisión. La decisión completa está disponible para leerla online.

Swisslatin / ACNUDH prensa (20.05.2019)