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Magdalena Sepúlveda (Foto UN/ V.Martin)

Magdalena Sepúlveda (Foto UN/ V.Martin)

Relatora Especial sobre la extrema pobreza pide que gobierno español garantice acceso universal a la salud.

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda reiteró su llamado a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.

“Ha llegado la hora de que el Gobierno de España cambie de rumbo”, declaró la experta en un comunicado.

“España tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación jurídica”, recalcó la experta.

Restricción médica a los emigrantes

Magdalena Sepúlveda expresó sus preocupaciones en una carta enviada a las autoridades españolas en noviembre de 2013 con otros expertos en derechos humanos de la ONU, en la cual advirtieron que “los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos del país”.

El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó en enero de 2014 que la decisión tomada por España de restringir el acceso a la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados infringe la legislación europea de derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU formuló recomendaciones parecidas en 2012.

Principios básicos ignorados

“El Gobierno de España debe demostrar un auténtico compromiso con la protección del derecho a la salud para todos”, agregó Sepúlveda al señalar que “el parecer de los órganos de expertos internacionales ha sido unánime y el Gobierno español no debe ignorarlo”.

La Relatora Especial de la ONU agradeció al Gobierno su exhaustiva respuesta a la carta, pero indicó que no estaba de acuerdo con sus argumentos y conclusiones. “Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales”, destacó la experta.

“El gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación”, subrayó.

Pide cobertura universal

La experta agradeció el compromiso de las autoridades españolas de continuar la cobertura sanitaria para mujeres embarazadas y menores. Sin embargo, refutó el argumento del Gobierno de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública y gratuita.

“La falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo”, recalcó.

“Sin acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia –que son más costosos- y se pone la salud pública en riesgo”, la Relatora señaló. “Lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a las normas de derechos humanos”.

Swisslatin / UN News (30.04.2014)


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