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Familiares de desaparecidos mostrando fotos y exigiendo que se conozca su ubicación. (foto ACNUDH)

El Comité sobre Desapariciones Forzadas cerró ayer su decimosexto período de sesiones después de aprobar sus observaciones finales y recomendaciones sobre los informes de Chile, Italia y Perú sobre la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Comité también adoptó sus Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Koji Teraya, Relator del Comité, dijo que durante el decimosexto período de sesiones que había comenzado el 8 de abril, el Comité había adoptado observaciones finales sobre los informes de Italia, Perú y Chile, y la lista de cuestiones sobre los informes de Bolivia (Estado Plurinacional) y Eslovaquia, cuyos informes se examinarían en el 17º período de sesiones del Comité. El Comité había decidido aplazar la adopción de la lista de cuestiones en ausencia de un informe para Nigeria, que también debía ser examinado en el 17º período de sesiones.

El Comité adoptó el informe de seguimiento sobre las medidas urgentes y las directrices sobre la preparación de una lista de problemas en ausencia de un informe, y decidió enviar cartas de recordatorio a Mali, Brasil e Irak, y solicitar a la Argentina que mantenga un informe sustantivo de diálogo sobre la implementación de la Convención durante la reunión de los Estados partes en Nueva York en junio de 2019.

En cuanto al proceso de revisión de los órganos de los tratados de 2020, el Relator dijo que el Comité había decidido transmitir su posición al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y solicitar al Secretario General que reflejara todas las actividades del Comité en su próximo informe sobre la aplicación. de la resolución 68/268 a la Asamblea General.

El Comité reiteró su solicitud a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que implementara la quinta semana de reuniones que le había asignado la Asamblea General y aprobó un programa provisional para el decimoséptimo período de sesiones.

El Comité aprobó luego su informe anual para presentarlo a la Asamblea General en su septuagésimo cuarto período de sesiones.

Suela Janina, Presidenta del Comité, en sus observaciones finales, dijo que durante el período de sesiones, el Comité adoptó los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas que reunieron muchas buenas prácticas para superar los obstáculos que los Estados encontraron en la búsqueda de personas desaparecidas.

Hizo hincapié en que las directrices no creaban nuevas obligaciones para los Estados partes, sino que estaban destinadas a ayudar a los Estados a diseñar sus políticas. El Comité comenzó a considerar la cuestión de la obligación de los Estados en virtud de la Convención de buscar y localizar a las personas desaparecidas en 2016, recordó el Presidente, y subrayó que durante todo el proceso de redacción, había consultado ampliamente con muchas partes interesadas y había recibido 46 presentaciones de organizaciones de víctimas de desapariciones forzadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, academia y estados. El Presidente solicitó su mayor difusión y la recopilación de buenas prácticas sobre su implementación.
 
El Comité debe estar orgulloso de sus logros en los últimos ocho años, dijo el Presidente. Este órgano de tratados de derechos humanos, el más joven, había alcanzado a otros comités en términos de desarrollar infraestructura para su trabajo.

Fue uno de los primeros en aprobar los principios rectores de Addis Abeba y San José, comenzó a desarrollar una jurisprudencia vigorosa y examinó los informes de 32 Estados partes. El Comité había emitido dos declaraciones sustantivas, sobre el régimen temporal y sobre la jurisdicción militar, a fin de proporcionar coherencia y previsibilidad durante el proceso de supervisión.
 
El Presidente destacó que el procedimiento de acción urgente era uno de los instrumentos más efectivos del Comité, único en todo el sistema de derechos humanos por su carácter preventivo, ya que permitía a las familias dirigirse al Comité para solicitar que se tomaran medidas urgentes para localizar a sus seres queridos que tenían desaparecido desde 2012, el Comité ha registrado 569 solicitudes de acción urgente; Se ha localizado y puesto en libertad a 29 personas y, lamentablemente, se ha encontrado a 22 personas muertas. Los números no siempre son exactos, y en el contexto de las desapariciones forzadas, las solicitudes de acción urgente habían demostrado ser un instrumento para salvar vidas, enfatizó la Sra. Janina.

En 2016, el Comité emitió su primera opinión sobre una comunicación individual en el caso de Yrusta vs. Argentina, en la cual el Comité confirmó que la desaparición a corto plazo no podía justificarse y que una persona estaba fuera del alcance de la ley. Incluso por cortos períodos de tiempo, ascendió a desaparición forzada.

El Comité, continuó el Presidente, no era una isla aislada en la lucha contra las desapariciones forzadas y había contado con el apoyo de los Estados partes, como lo demostró el resultado positivo de la primera conferencia de los Estados partes en la Convención, que reafirmó que el Comité De hecho, fue el organismo de supervisión para la aplicación de la Convención.

Las observaciones finales y las recomendaciones del Comité sobre los tres países considerados durante la sesión están disponibles después del 18 de abril en la página web de la sesión.

Swisslatin / ACNUDH  (19.04.2019)

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