El Alto Comisionado informa al Consejo de Derechos Humanos sobre las preocupaciones y el progreso de los derechos humanos
Vista panorámica de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. (ONU/ Jean-Marc Ferre)
Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, entrego un informe actualizado de la situación de los derechos humanos en diversos países, al Consejo de Derechos Humanos, reunidos en su 43° Sesión en Ginebra,
La Alta Comisionada comenzõ así su intervención: «Tengo el honor de presentar informes del Secretario General y de mi Oficina sobre las situaciones de derechos humanos en Colombia, Chipre, Guatemala, Honduras, Irán y Sri Lanka. También actualizaré brevemente al Consejo sobre las situaciones en Eritrea, Nicaragua y Yemen, así como nuestra cooperación técnica en Venezuela»
Informe sobre la situación en América Latina
Michelle Bachelet luego de informar de la situación de Chipre, Eritrea, Iran, Sri Lanka y Yemen, paso a dar a conocer la situación de Nicaragua, Colombia, Guatemala, Honduras, y Venezuela,
Desde la presentación de su último informe en septiembre de 2019, las violaciones de derechos humanos no han cesado en Nicaragua, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo.
En 2019, la economía se contrajo en un 5,7%, y la inflación y el desempleo formal aumentaron. Destaco que el Gobierno mantuvo como prioridades presupuestarias el gasto social, en particular para salud y educación, y el gasto para combate de la pobreza. Sin embargo, hasta 31 de diciembre de 2019, más de 98,000 nicaragüenses habían salido del país, sin condiciones básicas para un retorno seguro. Mi oficina documentó casos de amenazas y acoso, incluso siete personas detenidas arbitrariamente luego de su regreso.
Desde el 1 de agosto de 2019 a la fecha, un equipo dedicado exclusivamente a Nicaragua en mi Oficina Regional para América Central en Panamá, ha entrevistado a 221 hombres y 174 mujeres, víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos, entre otras actividades necesarias para dar seguimiento a la situación. Organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones.
El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos pro-gubernamentales los atacaron violentamente. Desde el 1 de agosto, mi Oficina ha recibido informes de al menos 108 detenciones arbitrarias de hasta 48 horas. Estas personas fueron liberadas sin que se presentarán cargos en su contra.
El 30 de diciembre, el Gobierno ordenó la excarcelación con medidas alternativas a la prisión de 91 personas. Entre ellas diez hombres y seis mujeres arrestados el 14 de noviembre de 2019 al entregar agua a familiares de detenidos en huelga de hambre en una iglesia de Masaya. Tomo nota de otras excarcelaciones ordenadas más recientemente.
Sin embargo, según sociedad civil, al 13 de febrero de 2020, 61 personas continuaban privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas de 2018. Cuarenta de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor la Ley de Amnistía en junio de 2019, y acusadas de delitos comunes, como posesión o tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, substancias o artefactos explosivos. Insto al Gobierno a liberar a las personas que continúan privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas.
Insto también a las autoridades a que garanticen a las personas defensoras de derechos humanos condiciones seguras y adecuadas para realizar libremente su labor. El derecho a la libertad de opinión y expresión de quienes comparten noticias u opiniones contrarias al Gobierno continúa siendo vulnerado. Muchas periodistas se han visto forzados a autocensurarse por amenazas y el temor de perder pautas publicitarias estatales o su trabajo.
La decisión de cancelar la personería jurídica a nueve organizaciones de la sociedad civil en noviembre y diciembre de 2018 lamentablemente sigue vigente. Defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas por la Ley de Amnistía, familiares de personas todavía detenidas en relación con las protestas y de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sufren repetidos actos de intimidación y acoso por parte de policías o elementos pro-gubernamentales, incluso discursos estigmatizantes de autoridades del Gobierno.
Los homicidios de personas campesinas y la situación de los pueblos indígenas también son tema de preocupación. De los 14 homicidios documentados por mi Oficina en 2019 en el norte del país, las autoridades informaron haber identificado a presuntos responsables en solo cuatro casos y condenado a una persona. Distintas comunidades indígenas, como los Miskitu y los Mayangna, han denunciado la presencia de colonos en sus tierras, amenazando sus territorios y recursos. Es deber del Estado proteger a los pueblos indígenas. Dijo la Alta Comisionada.
Informe anual sobre Colombia
Sobre Colombia expreso su satisfacción porSaludo la renovación del Acuerdo de una sede de su Oficina, que nos permitirá seguir apoyando los esfuerzos para consolidar la paz y promover el pleno goce de los derechos humanos. Aliento a que el Estado implemente todos los aspectos del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, incluyendo la reforma rural, y manteniendo como eje central los derechos de las víctimas.
Saludo los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición e insto a que se consoliden dichos avances. Saludo también el firme compromiso de la mayoría de los exintegrantes de las FARC-EP con el proceso de paz. En 2019, mi Oficina observó la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres.
Por otra parte reitero mi preocupación por el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Insto a que la Fiscalía mantenga la investigación en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia. En 2019, documentamos 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos; al 19 de febrero de este año, mi Oficina confirmó 4 casos y 31 más están siendo verificados.
Los números de la Defensoría del Pueblo son aún más altos. La institución documentó 134 casos de homicidios en 2019. La mayoría de estas personas pertenecían a comunidades rurales y pueblos étnicos y fueron asesinadas por promover la implementación del Acuerdo de Paz en materia de restitución de tierras y substitución de cultivos ilícitos.
Ahora pasamos a la situación en Guatemala
El año 2019 estuvo marcado por las elecciones generales que se llevaron a cabo sin incidentes. Sin embargo, retrocesos en la independencia judicial, y en la lucha contra la corrupción y la impunidad, siguieron ocurriendo. Las nuevas autoridades tienen una oportunidad clave para abordar los retos existentes y proteger los derechos humanos. Guatemala continúa teniendo altos y persistentes niveles de desigualdad, discriminación e inseguridad.
Eso si, dijo, saludo el compromiso de las nuevas autoridades de mejorar las condiciones de vida de la población, en particular a través de la lucha contra la desnutrición crónica y la pobreza multidimensional. Recomiendo que las medidas adoptadas en materia de seguridad estén orientadas hacia la prevención y el combate de la criminalidad, y sean adoptadas con enfoque de derechos humanos y evitando la militarización de la seguridad publica y el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas debe ser garantizado, incluyendo su derecho a la consulta.
Instamos a la nueva legislatura a priorizar una agenda destinada a fortalecer la protección de los derechos humanos y que evite retrocesos. Asimismo, garantizar la independencia del sistema de justicia.
En informe anual sobre Honduras destaca los principales avances y retos
La compleja situación social y política continuó, manifestándose con altos niveles de pobreza, violencia, inseguridad, y el desplazamiento de la población hondureña en el interior del país y hacia el Norte. Aliento al Estado a garantizar la reintegración sostenible de las personas retornadas, así como asegurar la protección de las personas migrantes y desplazadas.
En el año 2019 mi Oficina registró un aumento de las protestas sociales. Hago un llamado al gobierno para adaptar la legislación y los protocolos sobre el uso de la fuerza de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos — y aprobar un plan de desmilitarización de la seguridad pública.
La situación en los centros penitenciarios, donde 60 privados de libertad fueron asesinados, incluyendo 49 sólo en diciembre, sigue siendo una fuente de preocupación. En 2019, mi Oficina también siguió monitoreando los ataques a personas defensoras de los derechos humanos. Me causa especial preocupación la situación de comunidades indígenas incluyendo casos de asesinatos de quienes trabajaban en la protección de su tierra y territorio.
Por otra parte, acojo con satisfacción los avances en la búsqueda de justicia en el caso del asesinato de la defensora Berta Cáceres. Pido que se continúe con el proceso hasta establecer plenamente la autoría intelectual del crimen. Asimismo, saludo la aprobación de la Agenda Nacional para el Desarrollo Sostenible y la vinculación de las metas con recomendaciones de derechos humanos. Agradezco al gobierno de Honduras por su continua cooperación con mi Oficina y con los mecanismos de protección de derechos humanos. Concluyo sobre Honduras.
Informe sobre Venezuela quedo pendiente para el 10 de marzo
Bachelet recalco que su intervención ahora se enfocaba en las actividades de su Oficina en la República Bolivariana de Venezuela. Y que el próximo 10 de marzo abordaré la situación de derechos humanos en el país.
Valoró positivamente el acceso y la colaboración mantenida con su Oficina desde mi última actualización oral a este Consejo. Hemos avanzado en la ejecución del Plan de Trabajo de cooperación técnica, así como en temas de protección.
Entre otras actividades, mi oficina ha realizado tres nuevas visitas a centros de detención durante las cuales se ha podido entrevistar a 28 personas de manera confidencial. Las observaciones realizadas durante estas visitas se han podido compartir con las autoridades relevantes para su acción.
Presentamos ante el Comité de Coordinación más de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas de la libertad. Este Comité es un mecanismo de protección inter-institucional establecido en conjunto con mi oficina. Agradezco la cooperación de las autoridades y reitero la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia.
Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de detención arbitraria. Mi Oficina también inició conversaciones para la adopción de un protocolo que nos permitiría observar juicios y monitorear el respeto de garantías judiciales.
En conjunto con el Gobierno estamos evaluando el primer semestre de implementación de la Carta de Entendimiento firmada en septiembre de 2019. Agradezco el espacio operacional hasta ahora garantizado a mi Oficina. Es vital que en los próximos meses podamos avanzar hacia el establecimiento de una Oficina de país, según mi mandato global de promoción y protección de los derechos humanos.
La Alta Comisionada, concluyo su informe y actualizaciones de la situación de Derechos Humanos en los países citados mas arriba diciendo «En cada caso, animo a las partes interesadas a implementar las recomendaciones de los órganos de derechos humanos de la ONU, incluidas las que figuran en los informes pertinentes».
Swisslatin / ACNUDH Prensa
