Aguacates, mangos y bananas en un puesto de frutas dentro un mercado. (foto FAO/ .

El Gobierno de Chile no debe priorizar las plantaciones de aguacate y la producción de electricidad antes que los derechos a la salud y al agua de su pueblo, y las empresas deberían abordar los efectos negativos de sus actividades, apuntó el experto en derechos humanos de la ONU Léo Heller.

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento se refirió específicamente al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al sureste de la capital, Santiago, que genera electricidad mediante el desvió de tres tributarios principales del Rio Maipo, y al negocio de aguacate en la provincia de Valparaíso, al norte de Santiago.

“Estos dos proyectos económicos pueden poner en riesgo el abastecimiento de agua, lo que es particularmente preocupante durante la pandemia de COVID-19. He pedido al gobierno de Chile que aclare estas dos cuestiones”, dijo.

Chile es uno de los mayores exportadores de aguacate del mundo. Debido a la escasez extrema de agua, el Gobierno declaró el año pasado el estado de “emergencia de agua” en Petorca, donde un aguacatero consume tres veces más agua que la cuota reservada para los residentes, y la provincia sufre desde el año pasado una escasez extrema del líquido vital.

Desde 2016, se han destinado para los residentes 50 litros diarios por persona. El agua es abastecida por medio de camiones cisterna no certificados que, en ocasiones, ha sido tan insalubre que ha causado casos de diarrea infantil.

“Esto no es suficiente para cubrir las necesidades domésticas usuales durante una pandemia,” subrayó Heller.
El acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Sin embargo, miles de millones de personas siguen sin disfrutar de estos derechos fundamentales. El derecho al agua y al saneamiento exige que estos servicios estén disponibles y sean accesibles, seguros, aceptables y asequibles para todos, sin discriminación. Estos elementos están claramente relacionados entre sí.

Si bien es posible, en teoría, garantizar el acceso al agua, la realidad es que resulta demasiado costoso y en consecuencia, las personas no pueden acceder a este servicio. En general, las mujeres no utilizan instalaciones sanitarias que no se encuentran en buenas condiciones o no están separadas por género.

El hecho de tener un grifo que suministra agua no potable, no significa un mayor acceso a dichos derechos. Los derechos humanos requieren una comprensión integral del acceso al agua y al saneamiento.

El derecho al agua y al saneamiento requiere además una atención explícita a las personas más desfavorecidas y marginadas, así como un énfasis en la participación, el empoderamiento, la responsabilidad y la transparencia.

El mandato de la Relatoría Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento se estableció para examinar estas cuestiones fundamentales y formular recomendaciones a los gobiernos, las Naciones Unidas y otras partes interesadas. El Sr. Léo Heller fue nombrado en noviembre 2014 e inició su mandato el 1 diciembre 2014.

Swisslatin /  ACNUDH prensa (21.08.2020)