Coronavirus: Los derechos humanos deben estar en el centro de la respuesta, dice Bachelet
Pasajeros que llevan máscaras faciales y ponchos desechables se les revisan sus pasaportes en el Aeropuerto Internacional Don de Bangkok, Tailandia (foto ONU/ Jing Zhang)
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el viernes que es esencial que los gobiernos que introduzcan medidas para impedir la propagación del coronavirus, COVID-19, emprendan una serie de acciones adicionales para reducir el impacto potencialmente negativo que dichas medidas pueden tener en la vida de las personas.
«Como médico, entiendo la necesidad de una serie de medidas para combatir el COVID-19, y como ex jefe de gobierno, entiendo el a menudo difícil acto de equilibrio cuando hay que tomar decisiones difíciles», dijo Bachelet. «Sin embargo, nuestros esfuerzos para combatir este virus no funcionarán a menos que lo enfoquemos de manera holística, lo que significa tener mucho cuidado de proteger a las personas más vulnerables y desatendidas de la sociedad, tanto médica como económicamente».
«Entre esas personas figuran las de bajos ingresos, las poblaciones rurales aisladas, las personas con problemas de salud subyacentes, las personas con discapacidad y las personas de edad que viven solas o en instituciones», añadió.
Los cierres, las cuarentenas y otras medidas de este tipo para contener y combatir la propagación de COVID-19 deben llevarse a cabo siempre en estricta conformidad con las normas de derechos humanos y de forma necesaria y proporcional al riesgo evaluado, pero incluso cuando lo son, pueden tener graves repercusiones en la vida de las personas, dijo la Alta Comisionada.
Si bien las autoridades pueden considerar necesario cerrar las escuelas, ello puede dar lugar a que los padres tengan que quedarse en casa y no puedan trabajar, medida que probablemente afecte de manera desproporcionada a las mujeres.
El hecho de no trabajar para «autoaislarse» puede dar lugar a la pérdida de salario o de empleo, con consecuencias de gran alcance para los medios de vida y la vida de las personas. La atención de la salud de las personas con afecciones crónicas o graves puede verse obstaculizada por la respuesta al brote. Es probable que la perturbación del comercio y los viajes tenga un gran impacto, especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en las personas que éstas emplean y a las que prestan servicios.
«Las personas que ya apenas sobreviven económicamente pueden verse fácilmente desbordadas por las medidas que se están adoptando para contener el virus. Los gobiernos deben estar preparados para responder de diversas maneras a las consecuencias imprevistas de sus acciones dirigidas al coronavirus. Las empresas también tendrán que desempeñar un papel, incluyendo el de responder con flexibilidad al impacto en sus empleados», dijo Bachelet.
La Alta Comisionada se congratuló de que algunos gobiernos, así como organizaciones internacionales, estén empezando a poner en práctica medidas para mitigar el impacto en los derechos económicos y sociales de las personas.
«Dado que todos estamos operando en un territorio desconocido, aliento a los Estados a que establezcan formas de compartir información sobre las buenas prácticas que están adoptando actualmente para aliviar los efectos socioeconómicos negativos de COVID-19 y los esfuerzos para detener su propagación». La solidaridad y la cooperación internacionales son más necesarias que nunca. También es evidente que hay que destinar recursos a la protección social para que las personas puedan sobrevivir económicamente durante lo que puede convertirse en una crisis prolongada», dijo.
«COVID-19 es una prueba para nuestras sociedades, y todos estamos aprendiendo y adaptándonos mientras respondemos al virus. La dignidad y los derechos humanos deben estar al frente y en el centro de ese esfuerzo, no como algo secundario», dijo Bachelet.
Combatir eficazmente el brote significa garantizar que todos tengan acceso al tratamiento, y que no se les niegue la atención sanitaria por no poder pagarla o por el estigma.
Los gobiernos deben garantizar que toda la información pertinente llegue a todas las personas sin excepción, incluso en formatos e idiomas fácilmente comprensibles y adaptados a las personas con necesidades específicas, como los niños, los discapacitados visuales y auditivos y las personas con capacidad de lectura limitada o nula.
«Ser abierto y transparente es fundamental para habilitar y alentar a las personas a participar en las medidas destinadas a proteger su propia salud y la de la población en general, especialmente cuando se ha erosionado la confianza en las autoridades. También ayuda a contrarrestar la información falsa o engañosa que puede hacer tanto daño al alimentar el miedo y los prejuicios», dijo la Alta Comisionada.
«También insto a las autoridades de los países afectados por COVID-19 a que adopten todas las medidas necesarias para hacer frente a los incidentes de xenofobia o estigmatización», añadió.
Swisslatin / ACNUDH Prensa
