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Sala Derechos Humanos ONU (UN)

Sala Derechos Humanos ONU (UN)

Otro tema que preocupa a los expertos son las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

La inmigración y los crímenes cometidos contra la humanidad durante la dictadura franquista es la tarea pendiente de España, según conclusiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido esta semana en Ginebra.

El Comité procedió a examinar el cumplimiento de las garantías fundamentales realizada por el gobierno español y entre las principales “preocupaciones” de los expertos es su petición para que España derogue o enmiende la Ley de Amnistía de 1977 para que se puedan investigar todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.

Los expertos del Comité pidieron a España que impulse activamente las investigaciones y que para ello facilite el acceso a los archivos, especialmente los militares.

Identificación de los desaparecidos

En conferencia de prensa, Víctor Manuel Rodríguez-Rescia, relator del informe del Comité de Derechos Humanos, explicó cuáles son los problemas de dejar la localización y la identificación de los desaparecidos a cargo de los familiares.

“El problema más grande para estas actividades es que hay que contar con los sobrevivientes y los sobrevivientes ya tienen una edad muy avanzada. Aquí es fundamental que el Estado tome medidas para investigar la verdad de los hechos y para dar una respuesta a las familias”, dijo el experto.

Expulsiones de emigrantes

Otro de los temas que más preocupa al Comité son las llamadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. Rodríguez-Rescia indicó que estas expulsiones se hacen sin las garantías suficientes para que se respete el derecho de la no devolución.

Ante la gravedad de las denuncias, el Comité instó a España a revisar la Ley de Seguridad Ciudadana para que se asegure de que los inmigrantes que soliciten protección internacional puedan acceder a procedimientos de evaluación justos e individualizados.

El informe también hizo referencia a las denuncias de malos tratos durante las expulsiones, tanto por parte de las autoridades españoles como por las marroquíes.

Falta de independencia del poder judicial en Venezuela

Por otro lado, la falta de independencia del poder judicial es uno de los principales motivos de preocupación en la esfera de los derechos humanos en el caso de Venezuela. En este caso se trata según de la revisión periódica de las garantías fundamentales que realiza la ONU en cada país.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas destacó en su informe que parte de la falta de independencia de los jueces venezolanos se debe a que sólo el 34% de ellos son titulares y el resto ocupa el cargo provisionalmente.

Los expertos del Comité consideraron que este problema es estructural y explicaron que la situación de provisionalidad de los magistrados supone una falta de autonomía porque los hace vulnerables y sujetos de remociones discrecionales.

Intimidación y las represalias

Otro aspecto preocupante es la intimidación y las represalias contra los defensores de derechos humanos, señaló el presidente del Comité, Fabián Omar Salvioli.

“Hay una gran cantidad de personas, en general, que tienen activismo en derechos humanos y que sufren determinado tipo de agresiones. Eso fue discutido con el Estado, el Estado respondió, a nosotros la respuesta no nos pareció suficiente y por eso está reflejado esto en las observaciones finales”, dijo.

Restricciones a las libertades de expresión

El Comité también se refirió a las restricciones a las libertades de expresión y de asamblea, que en ocasiones han implicado el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

Asimismo, citó las condiciones de detención, que a menudo significan hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos de salud para las personas privadas de la libertad.

El Comité mostró además gran inquietud por la aplicación de la prisión preventiva e indicó que hasta 2014 más del 60% de los detenidos se encontraban en esa clasificación.

Swisslatin / UN News (25.07.2015)


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