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Práctica degradante (Foto EPA/WEDA)

El Comité contra la Tortura examinó, el informe de Chile sobre las medidas adoptadas por el país para aplicar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Al presentar el informe, Lorena Recabarren, Subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile, dijo que la situación en el campo de la lucha contra la tortura era infinitamente mejor hopy que la que prevaleció en 1988, la fecha de ratificación de la Convención por su país.

La Sra. Recabarren destacó una serie de acontecimientos positivos en la aplicación de la Convención, incluida la inclusión de la tortura en el Código Penal como delito. En cuanto a la definición de tortura, es totalmente coherente con los textos internacionales y va más allá de la Convención, dijo el jefe de la delegación, en particular debido a la consideración de una dimensión de “género” y circunstancias agravantes de los actos cometidos contra personas vulnerables. Además, la Sra. Recabarren señaló que la ley prohíbe que los tribunales militares juzguen a los miembros de las fuerzas armadas que han torturado a civiles.

La Sra Recabarren también expresó la disposición de su Gobierno de continuar los esfuerzos para compensar a las víctimas de la dictadura en 1200 siguen siendo los procedimientos abiertos relacionados con graves violaciónes de los derechos humanos durante este período. Chile ha realizado importantes esfuerzos para garantizar que las víctimas reciban una reparación completa y el monto de la indemnización que ahora se paga supera los $ 6.2 mil millones. La acción de Chile en esta área ha sido aclamada por instituciones internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo Recabarren. Finalmente dijo que el primer Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos de Chile había sido adoptado en 2017.

La delegación chilena también estuvo integrada por el Sr. Juan Eduardo Eguiguren, Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra; Carlos Künsemüller, Senador; y representantes de la Corte Suprema, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, el Servicio Nacional de Menores y la policía. , carabinieri y la gendarmería chilena.

La delegación respondió a preguntas y comentarios de expertos del Comité, incluida la definición de tortura en la legislación chilena; el período de prescripción para el delito de tortura; sobre la retroactividad de la ley penal; el alcance de los tribunales militares; las garantías ofrecidas a los detenidos y las condiciones de detención; en la reintegración de los prisioneros; sobre el establecimiento de un mecanismo para la prevención de la tortura; la violencia contra los mapuches y la ley contra el terrorismo; sobre la violencia de género; y la situación en centros juveniles cerrados.

La Sra. Ana Racu, Co-Relatora del Comité para el examen del informe de Chile, lamentó que en algunos casos la tortura se considerara un mero delito, que podía remitirse. El experto hizo hincapié en que cuando se comete un acto de tortura contra una persona bajo custodia estatal o en situación de privación de libertad, la pena debe agravarse. La Sra. Racu pregunta si la imprescriptibilidad se aplica a todos los actos de tortura en Chile. El experto también ha pedido a la delegación para decir si las autoridades chilenas estaban planeando para reformar las leyes de amnistía y que den a conocer la evidencia y la información recogida por la Comisión Valech (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión y tortura).

El coponente señaló que, aunque la policía chilena había dependido del Ministerio del Interior desde 2011, su funcionamiento todavía se regía por el modelo militar, basado en la “doctrina del enemigo interno”, y con un control civil limitado. El coponente solicitó más información sobre los protocolos policiales sobre el uso de la fuerza, los medios de moderación y la gestión de las manifestaciones.

El Sr. Diego Rodríguez-Pinzón, co-relator del Comité para el examen del informe de Chile, solicitó información sobre las investigaciones sobre la violencia cometida contra la población mapuche por la policía, en particular el asesinato del joven José Facundo Mendoza Collio. En este contexto, señaló Rodríguez-Pinzón, varios organismos internacionales recomendaron a Chile que reformara su ley antiterrorista, diciendo que se utilizó de manera discriminatoria para atacar al pueblo mapuche.

La Sra. Ana Racu, Co-Relatora del Comité para el examen del informe de Chile, aseguró que el Comité entendía la difícil historia de Chile bajo dictadura y que era consciente del tiempo necesario para superar el trauma.

La Sra. Racu quería saber qué sanciones se imponen a los funcionarios que son culpables de tortura. Lamentó que, en algunos casos, la tortura se considerara un mero delito que podría remitirse. El experto hizo hincapié en que cuando se comete un acto de tortura contra una persona bajo custodia estatal o en situación de privación de libertad, la pena debe agravarse.

La Sra. Racu pregunta si la imprescriptibilidad se aplica a todos los actos de tortura en Chile. El experto también pidió a la delegación que dijera si las autoridades chilenas estaban considerando modificar las leyes de amnistía; y publicitar los testimonios y la información recopilada por la Comisión Valech (Informe de la Comisión Nacional sobre Encarcelamiento y Tortura).

El coponente señaló que, aunque la policía chilena había dependido del Ministerio del Interior desde 2011, su funcionamiento todavía se regía por el modelo militar, basado en la “doctrina del enemigo interno”, y con un control civil limitado. El coponente solicitó más información sobre los protocolos policiales sobre la aplicación de la ley, el uso de la fuerza, las restricciones y la gestión de eventos.

Racu solicitó más información sobre las investigaciones sobre el uso de la fuerza excesiva durante las protestas estudiantiles. Señaló que entre 2011 y 2017, la institución nacional de derechos humanos había presentado diecisiete quejas contra la policía por actos de tortura. La Sra. Racu preguntó cuál había sido el manejo de estas quejas.

Con respecto a las garantías procesales, la Sra. Racu preguntó si las personas arrestadas en realidad tenían acceso a un abogado y podían consultar a un médico. El experto lamentó que la policía tuviera acceso al expediente médico de los detenidos. Preguntó si había suficiente personal médico en las cárceles y si estaban entrenados para detectar la tortura.

El coponente señaló que los miembros de la institución chilena nacional de derechos humanos no tienen la posibilidad de controlar los vehículos de la policía donde se realizan malos tratos regularmente. La Sra. Racu también preguntó sobre los recursos de la institución para llevar a cabo visitas de control a los centros de detención. La Sra. Racu solicitó información sobre el calendario para la aprobación del proyecto de ley para establecer un mecanismo nacional de prevención de la tortura.

La Sra. Racu lamentó la existencia de dos sistemas judiciales separados en Chile, que tiende a promover la impunidad en la lucha contra la tortura: según algunos informes, los tribunales militares continúan juzgando los actos de tortura cometido por la policía contra civiles.

Racu lamentó que las nuevas alternativas a la privación de libertad no redujeran significativamente la población carcelaria. Pidió información sobre la práctica del confinamiento a largo plazo en las celdas, una práctica que impide la reintegración de los reclusos, dijo la Sra. Racu. Desea recibir información sobre el número de muertes registradas en prisión y las medidas adoptadas para prevenir esas muertes. La Sra. Racu se sorprendió por las condiciones muy difíciles en que viven las reclusas, en algunas cárceles las mujeres ni siquiera tienen acceso a los baños, dijo la experta.

El coponente observó con satisfacción, sin embargo, la mejora de las condiciones en los centros de detención juvenil. Sin embargo, la sobrepoblación y los muchos casos de violencia y suicidio que se registran allí todavía son preocupantes, dijo la Sra. Racu. El experto preguntó cuántos niños estaban detenidos en Chile y si había alternativas a la detención de niños en conflicto con la ley. El Consejo Nacional para la Infancia tiene el poder de controlar todos los lugares donde se detiene a los niños, dio la bienvenida al experto. Pero ha deplorado los casos de violencia sistemática y tortura en algunos centros juveniles estatales o no gubernamentales.

La Sra. Racu lamentó la falta de progresos legislativos en la lucha contra la violencia contra la mujer. También expresó preocupación por la limitación de los presupuestos para la aplicación de la legislación contra la trata de personas.

Las migraciones en Chile aún se rigen por un decreto de 1975 que ya no se adapta a las nuevas realidades, dijo el experto: en particular, no existe un mecanismo de protección para las personas que son objeto de un procedimiento de referencia.

La Sra. Racu reconoció que Chile ha logrado un progreso significativo en la protección de las personas LGBTI. Sin embargo, la policía y el poder judicial aún no recopilan estadísticas sobre crímenes de odio y violencia contra las personas LGBTI, lamentó.

La Sra. Racu señaló que las mujeres y las niñas de las comunidades Mapuche y de los Pueblos eran particularmente vulnerables y con frecuencia eran víctimas de múltiples formas de violencia y discriminación por parte de las fuerzas policiales, los funcionarios públicos e incluso la profesión médica.

Swisslatin / ONU news (01.08.2018)