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Vista sala Consejo Derechos Humanos (UN)

Vista sala Consejo Derechos Humanos (UN)

Informes de la ONU alerta sobre las ejecuciones extrajudiciales mexicanas y sobre tribunales militares colombianos.

Colombia y México dos países que figuran como paladines de la democracia y en el avance del respeto de los Derechos Humanos, han recibido una nueva llamada de atención por los expertos de la ONU, en esta materia.

Por un lado el relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, acogió con beneplácito la decisión de las autoridades mexicanas de detener a militares sospechosos de haber participado en ejecuciones sumarias, pero instó al gobierno de México a realizar una investigación independiente sobre esas muertes y a garantizar la protección de las víctimas sobrevivientes y testigos.

Armas letales en causa

“El gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recalcó el experto.

Heyns recordó que sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea inevitable para proteger la vida, situaciones que no se dieron en el caso en Tlatlaya.

El relator pidió a las autoridades mexicanas proporcionar protección urgente tanto a la sobreviviente que testificó como a las dos detenidas, así como al periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y a los medios de comunicación mexicanos que lo publicaron.

Tribunales militares en Colombia, un retroceso
Por otro lado, el grupo de expertos de ‘Procedimientos Especiales’ de la ONU exhortó al Gobierno y al Congreso de Colombia a que reconsideren la posible adopción del Proyecto de Ley No. 85 (Senado) de 2013, el cual reestructura y expande el alcance de la jurisdicción de los tribunales militares.

Los expertos expresaron preocupaciones similares hace dos años en relación a otro acto legislativo que reformaba el sistema de justicia militar, el cual fue posteriormente declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia.

En causa la independencia e imparcialidad

“Si se adopta, el Proyecto de Ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial”, expresaron los expertos. “Esta reforma también representaría un grave retroceso en la prolongada lucha de Colombia contra la impunidad en casos de violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”.

La reforma otorgaría amplia jurisdicción a los tribunales militares cubriendo, entre otros, homicidio, infracciones al derecho internacional humanitario, delitos contra la protección de la información y de los datos, delitos contra la seguridad pública y otros crímenes que deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios.

Llamado al Gobierno

“Hacemos un llamado al Gobierno para que garantice que la jurisdicción de los tribunales militares se limite a los delitos penales y faltas disciplinarias de carácter estrictamente militar, y presuntamente cometidos por miembros activos de las fuerzas armadas”, indicaron.

“Los crímenes que asciendan a violaciones graves de derechos humanos siempre deberían quedar bajo la jurisdicción de los tribunales ordinarios, incluso cuando los presuntos actos fueron cometidos por personal militar o policial”, subrayaron los expertos de la ONU.

Swisslatin / UN News (2.10.2014)