Bachelet: Continúa la violencia de las fuerzas de seguridad contra la oposición en Venezuela

Refugiados y migrantes de Venezuela en la ciudad brasileña de Pacaraima en la frontera con Brasil. (foto IOM/Amanda Nero)
La responsable de la ONU para los derechos humanos también está preocupada por la ley que sancionará a las organizaciones de derechos humanos con financiación exterior, las restricciones a la libertad sindical y las denuncias de tratos crueles. Otro motivo de preocupación son las nuevas sanciones impuestas a la industria petrolera y aérea.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló este martes que continúan “las tensiones políticas y los actos de violencia de las fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición” en Venezuela.
Michele Bachelet hizo esa afirmación durante una actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela.
Entre esas tensiones y actos de violencia, indicó que desde el 5 de enero las Fuerzas de Seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional.
Asimismo, lamentó la detención a finales de 2019 del diputado Gilber Caro y de su asistente Victor Ugas.
“El diputado Caro continúa privado de libertad sin que oficialmente se conozca el lugar de su detención. Asimismo, el diputado Ismael León fue detenido y se encuentra bajo arresto domiciliario”, explicó.
Bachelet añadió que su Oficina también ha documentado agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran para evitarlo.
El 11 de febrero, fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan Guaidó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en las afueras de Caracas, tras su gira por Europa y Estados Unidos; mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político en el Estado de Lara.
“También hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, distintas ONG y oficinas de medios de comunicación”, agregó.
Estigmatización y descrédito de las víctimas