Alarma por los continuos asesinatos a defensores de derechos humanos en Colombia
Mural abogando por los derechos indígenas en Colombia. (foto Misión de la ONU en Colombia/Bibiana Moreno)
En los primeros cuatro meses de este año, actores de la sociedad civil e instituciones estatales han denunciado al menos 51 asesinatos entre los que se encuentran líderes comunitarios, ambientalistas, campesinos e indígenas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pide al Gobierno colombiano redoblar sus acciones para protegerlos.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó alarma por la gran cantidad de defensores de esas garantías que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que la tendencia parece estar empeorando.
“Pedimos a las autoridades que hagan un esfuerzo significativo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”, aseguró el portavoz Rupert Colville este viernes ante periodistas en Ginebra.
En los primeros cuatro meses de este año, actores de la sociedad civil e instituciones estatales han denunciado 51 asesinatos de defensores.
“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia está siguiendo de cerca estas acusaciones. Esta cifra asombrosa continúa con una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, cuando nuestro personal documentó los asesinatos de 115 defensores de los derechos humanos”, agregó Colville.
Los asesinatos se producen en un contexto de estigmatización de los defensores de los derechos, especialmente los que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios sociales básicos adecuados, altos niveles de pobreza, la existencia de cultivos ilegales, la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales.
La Oficina de Michelle Bachelet asegura que existe una necesidad urgente de abordar las disparidades en el disfrute de todos los derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente en las zonas rurales.
Una ola de ataques
Colville expresó que una gran cantidad de activistas han sido atacados entre los que se incluyen líderes comunitarios, afrocolombianos, indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas, LGBTI y defensores de los derechos de las mujeres, algunos de ellos involucrados en la política local.
Los líderes sociales son particularmente vulnerables y representan más del 70 por ciento de todos los asesinatos registrados.
“Aparentemente, algunos de ellos fueron atacados porque han apoyado la implementación de ciertos aspectos del acuerdo de paz colombiano, incluyendo la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos”, informó el portavoz.
El ataque más reciente ocurrió el 4 de mayo, cuando 20 defensores afrocolombianos, entre ellos la reconocida ambientalista y defensora de los derechos de las mujeres, Francia Márquez, fueron atacados con granadas y armas de fuego cerca de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.
Afortunadamente, aseguró Colville, nadie murió, aunque dos agentes de seguridad provistos por la Unidad de Protección Nacional para la protección del grupo resultaron heridos.
Además, solo en enero, se registraron tres asaltos contra mujeres líderes que defienden los derechos de las víctimas del conflicto. En el caso de Maritza Quiroz Leiva, defensora y reclamante de tierras, el ataque fue fatal.
