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El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, James Anaya, instó al Gobierno de Panamá y a los pueblos indígenas a
iniciar un proceso de diálogo ante la situación de tensión y violencia generada
tras actos de protesta indígena.
“Exhorto al Gobierno de Panamá y los pueblos Ngäbe-Buglé, Emberá y Wounaan a
iniciar a la mayor brevedad un proceso de dialogo, con el fin de encontrar una
salida pacífica a esta situación de conflictividad”, dijo Anaya en relación a
las recientes manifestaciones de representantes indígenas y enfrentamientos con
la policía.
Contra las actividades mineras
La semana pasada integrantes del pueblo indígena Ngäbe-Buglé tomaron distintos
puntos de la carretera interamericana en protesta por actividades mineras e
hidroeléctricas propuestas para sus territorios. Durante estas manifestaciones
se produjeron enfrentamientos con la policía que resultaron en heridas,
detenciones y en la muerte de un manifestante indígena.
Por otra parte, representantes de los pueblos Emberá y Wounaan y de otros
pueblos indígenas hicieron un llamado público denunciando la falta de
legalización de sus tierras y manifestando que iniciarán movilizaciones de
protesta para expresar solidaridad con los pueblos Ngäbe-Buglé.
Sancionar a responsable de muerte de indígena
Asimismo, el Relator Especial instó al Gobierno de Panamá a que “adopte las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que participen
en las manifestaciones y evitar actos que afecten la vida e integridad de las
mismas”.
Anaya también pidió que se investigue y esclarezcan las circunstancias de la
supuesta muerte de un manifestante indígena, con el fin de sancionar las
personas responsables.
En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011,
el Relator Especial señaló que los grandes proyectos de desarrollo, junto con la
explotación de recursos naturales, se han convertido en “una de las fuentes más
significativas de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo”.
Preocupa situación carcelaria en Sudamérica
Por otro lado, el representante para Suramérica de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo
Incalcaterra, expresó su preocupación por la reciente "ola de violencia" en las
cárceles suramericanas.
En un comunicado difundido en Santiago, el organismo recuerda que desde fines de
enero al menos ocho prisioneros han fallecido en circunstancias violentas en
cárceles de Uruguay, Argentina, Chile y Venezuela.
Alto porcentaje de hacinamiento
"Estos hechos reflejan un patrón alarmante de violencia carcelaria en la región,
que es una consecuencia directa de, o se ve agravada por, entre otras cosas, las
condiciones precarias de detención", señaló Incalcaterra.
Éstas incluyen el hacinamiento crónico, la falta de acceso a los servicios
básicos tales como espacio suficiente, agua potable, alimentos, atención médica,
y la falta de estándares básicos de saneamiento e higiene, añadió el
representante de las Naciones Unidas.
Incalcaterra indicó también que las malas condiciones en las cárceles
suramericanas "se ven agravadas por las demoras judiciales y el recurso excesivo
a la prisión preventiva".
El representante regional recordó que las condiciones carcelarias en América del
Sur han sido criticadas en repetidas ocasiones en varios informes de las
Naciones Unidas, e instó a los gobiernos de la región a llevar a cabo las
recomendaciones realizadas por los organismos internacionales.
Obligaciones con pactos internacionales
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la tasa de hacinamiento en las cárceles de la región varía entre el 30
y el 70 por ciento.
De acuerdo a los pactos internacionales, los Estados tienen la obligación de
garantizar que las condiciones de detención sean compatibles con la prohibición
de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
"El trato humano es un estándar básico de aplicación universal que no puede
depender enteramente de los recursos materiales, y que debe aplicarse sin
discriminación", dijo Incalcaterra, en su comunicado.
Swisslatin / UN News (08.02.2012) | 