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México, otrora espejo del respeto de los Derechos Humanos en Latinoamérica, es
hoy día foco de atención y de fuertes críticas internacionales por la grave
situación de violencia que afecta desde emigrantes, pueblos indígenas y
periodistas en ese país.
El
pasado viernes, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi
Pillay, condenó en los términos más enérgicos -dentro del lenguaje diplomático
de la organización- el asesinato de 72 migrantes en el noreste de México.
“Estoy profundamente consternada
por esta matanza, que subraya la grave situación de los migrantes en ese país”,
dijo Pillay.
Indocumentados de centro y
Sudamérica
Según informaciones del gobierno mexicano, las víctimas, entre las cuales había
14 mujeres, habrían sido ejecutadas por miembros del crimen organizado y serían
indocumentados de Centro y Sudamérica (Honduras, El Salvador, Brasil, Ecuador) .
Pillay reconoció los esfuerzos del gobierno de México por refrenar el creciente
clima de violencia, pero aún así, llamó a las autoridades a tomar las medidas
necesarias para proteger a los migrantes, sobre todo mujeres y niños.
También les solicitó que conduzcan con la mayor urgencia una investigación
independiente, minuciosa y transparente de estos asesinatos, y que identifiquen
a las víctimas y devuelvan los cuerpos a sus familias.
Que los delitos no queden impune
La Alta Comisionada las instó a castigar a los responsables y a asegurar que
estos delitos no queden impunes, para evitar que se repitan.
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge
Bustamente, estimó que 400.000 personas transitan por México cada año, la
mayoría traficadas por redes internacionales que también se dedican al
narcotráfico.
El caso de los indígenas Triqui
En este clima de violencia que
sacude a México, la Alta Comisionada también condenó los recientes actos de
violencia en la región triqui del país, donde el 29 de julio y el 21 de este mes
fueron asesinadas en total cuatro personas.
La
entidad de la ONU expresó preocupación por la situación crítica de ese pueblo
indígena y exhortó a las autoridades federales y estatales a que adopten las
medidas necesarias para disminuir la tensión y la violencia en la zona,
respetando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre
determinación.
Asimismo, recordó al gobierno mexicano que tiene el deber de prevenir cualquier
tipo de violación a la vida y la integridad personal de sus ciudadanos. “Las
víctimas y sus familiares tienen el derecho a conocer la verdad y acceder a una
reparación”, subrayó.
Expertos piden poner término a
la impunidad
Por otro lado, los relatores de la
ONU y de la OEA sobre la libertad de expresión hicieron un llamado urgente al
Estado mexicano para que adopte las reformas necesarias con el objeto de que los
delitos contra ese derecho estén bajo la jurisdicción federal.
En un
informe divulgado tras concluir la visita de Frank La Rue y Catalina Botero, que
tuvo lugar del 9 al 24 de este mes, los expertos presentaron una serie de
recomendaciones para remediar lo que calificaron de apremiante situación y
combatir la impunidad.
Destacaron que México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo
en el continente con 64 comunicadores asesinados y once desaparecidos en los
últimos diez años.
Swisslatin /
29.08.2010 | 