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Cerca
de 300.000 personas (de un total de 305.957) han sido identificadas como
victimas del
conflicto armado en Colombia y el gobierno ha autorizado unas 13.000
reclamaciones de compensación presentadas por sus familiares.
En un balance de lo que se ha
logrado en los cinco años desde que se instauró el Proceso de la Verdad,
Justicia y Reparación, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
afirmó que, además, se han ubicado cerca de 2.800 fosas comunes y se han
exhumado los restos de 3.000 desaparecidos.
Ayuda a combatientes
desmovilizados
La OIM colabora con el gobierno en esta iniciativa que también incluye la
asistencia a 4.000 ex combatientes desmovilizados que pertenecían a grupos
irregulares para que se reintegren a la sociedad
El jefe de la misión de la OIM en Colombia, José Ángel Oropeza, consideró que la
experiencia colombiana puede servir de ejemplo para otros países que pasan por
un proceso de transición hacia la justicia y la paz.
Homicidios y desaparición
forzada
Según cifras del programa, la
mayoría de las víctimas registradas buscan ser reparadas por homicidio (de
alguno de sus familiares), en tanto que el segundo delito más denunciado es la
desaparición forzada. Otras 10.000 personas reclamaron como víctimas de
secuestro.
El tope máximo de indemnización es
de 20 millones de pesos (10.000 dólares) para los delitos más graves. Así, si
todas las personas registradas son acreditadas como víctimas, la cifra total de
reparación superaría los seis billones de pesos (cerca de 3.000 millones de
dólares).
Desde 1992 la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) ha apoyado el diseño e implementación
de algunas de las más grandes operaciones de Desarme, Desmovilización y
Reintegración (DDR) en el mundo.
Más personas afectadas
Sin embargo, voceros de ONG de
derechos humanos como la Comisión Nacional de Reparación (CNRR) y la Fundación
Nuevo Arco Iris, advirtieron en declaraciones que muchas de las víctimas se
quedarán por fuera.
“Las
(guerrillas de las) FARC y el ELN siguen actuando y dejando más personas
afectadas. Por eso hay que ampliar los plazos hasta donde sea posible, hasta que
se cierre el ciclo de violencia”, declaró Eduardo Pizarro, presidente de la CNRR,
integrada por representantes del gobierno y organismos de derechos humanos.
La Fundación Nuevo Arco Iris, que
estudia el fenómeno del conflicto armado, dijo que se presenta un subregistro
superior al 60% de personas que han sido afectadas por los grupos armados
ilegales y que no han llegado a pedir ese tipo de reparación.
Niveles mínimos de reclamos
Al respecto señaló que
departamentos (provincias) fuertemente golpeados por la violencia registran
niveles mínimos de reclamos de víctimas, como en los casos de Arauca (este),
donde van 4.000 personas inscritas; Caquetá (sur), que tiene 6.200; Chocó, menos
de 3.000 y Putumayo con 6.981.
Sólo en Putumayo, agregó la Fundación,
los homicidios atribuidos a los grupos paramilitares de extrema derecha pasan de
5.000, sin contar los delitos de las guerrillas.
Swisslatin (4.08.2010) | 