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Hay
mensajes que trascienden más allá que las mismas conferencias especializadas que
abordan el tema. Es el caso de la reciente sesión del Consejo de los Derechos
Humanos que concluyó discretamente la semana pasada en Ginebra sin que el tema
de las víctimas de las torturas trascendiera más allá de las herméticas
resoluciones adoptadas.
Con
ocasión del Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, conmemorado el pasado 26
de junio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay,
relevó el tema, criticando abiertamente las leyes de amnistía que evitan que los
torturadores sean llevados ante la justicia.
“Los torturadores y sus superiores
necesitan escuchar este mensaje dondequiera que estén: no importa cuán poderosos
sean, existe una elevada probabilidad de que tarde o temprano rendirán cuentas
por su inhumanidad”, advirtió.
En su mensaje Navi Pillay lamentó
además, la amnistía de que gozan los torturadores, ocurre incluso, hasta en
países de arraigados sistemas democráticos.
Solidaridad de Ban Ki-moon
Por su parte, el Secretario General de la ONU se solidarizó con las víctimas de
la tortura y reiteró que ese crimen no se justifica bajo ninguna circunstancia,
sea un estado de guerra, en respuesta al terrorismo, la instabilidad política o
cualquier estado de emergencia pública.
Asimismo, apeló a los Estados a que inviten al Relator Especial de la ONU contra
la Tortura a que visite sus prisiones y centros de detención y que le permitan
pleno acceso a las personas que se encuentran allí.
Las desapariciones sigue siendo
una herida abierta
Por otro lado, el jefe del Grupo de
Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Jeremy
Sarkin, afirmó que ese tipo de actos continúa siendo un problema mundial, con
casos reportados en casi todos los rincones del planeta.
En una reunión celebrada la semana
pasada en Bosnia Herzegovina, los expertos del grupo estudiaron 170 procesos
provenientes de 17 países que fueron presentados recientemente ante esa
instancia.
Casos de países latinoamericanos
Entre ellos se encuentran personas desaparecidas en Chile, Colombia, República
Dominicana, Ecuador, Uruguay y Venezuela.
Desde su fundación hace 30 años, ese Grupo de Trabajo ha evaluado 50.000 casos
procedentes de 80 países.
Su función es establecer un canal de comunicación entre las familias y los
gobiernos concernientes, para asegurar que se investiguen las desapariciones, y
aclarar el paradero de la persona.
Swisslatin
(28.06.2010) | 