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A juzgar por los diferentes informes
de la ONU sobre Derechos Humanos, Colombia sigue siendo el peor alumno de
América Latina en la materia. Después del lapidario informe sobre los niños
soldados, ahora es la impunidad con que gozan los crímenes extrajudiciales que
sienta al gobierno en el banquillo de los acusados.
El número de ejecuciones
extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad de Colombia es
demasiado alta, sostiene ahora el relator de la ONU sobre el tema, Philip
Alston, en un informe sobre la visita que realizó a ese país en junio de 2009.
El experto dijo que, según fuentes
creíbles, el número no resuelto de asesinatos de civiles a manos de militares es
de un 98.5%.
“A menos que el gobierno asegure la efectiva investigación y juzgamiento de ese
tipo de ejecuciones, no podrá superar el escándalo de los “falsos positivos””,
añadió.
Escándalo al descubierto
Ese escándalo estalló en 2008 cuando se descubrió que once jóvenes presentados
como bajas en combate en el poblado de Soacha, no eran guerrilleros sino
campesinos.
Alston dijo que en su investigación pudo constatar que hubo un número
significativo de esas ejecuciones a largo de todo el país y que fueron
incentivadas por la política de recompensas para hacer más efectiva la lucha
contra los insurgentes.
Avances insuficientes
El experto de Naciones Unidas
considera que existen avances pero también un patrón de ejecuciones
extrajudiciales y siguen persistiendo "graves problemas" en relación con las
políticas de seguridad de Colombia
"Colombia ha realizado importantes avances en seguridad después de décadas de
conflicto armado y gravísimas violaciones de derechos humanos, sin embargo
graves problemas con sus políticas de seguridad han socavado los objetivos que
el Gobierno busca lograr", señala el Relator Especial de las Naciones Unidas
para las ejecuciones arbitrarias.
"Mis
investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia
perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón
que se fue repitiendo a lo largo del país. Aunque estos asesinatos no fueron
cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares
comprometidas con los llamados "falsos positivos".
Muertos en combate
Esto se
refiere a las denuncias sobre víctimas asesinadas por militares, que eran
atraídas bajo falsas promesas por un "reclutador" hasta una zona remota donde
eran asesinadas por soldados que reportaban que habían "muerto en combate" y
tomaban medidas para manipular y encubrir la escena del crimen.
Esta
situación fue promovida por un entorno en el que hubo poca o ninguna rendición
de cuentas. “Los soldados sabían que podían quedar impunes", dice Alston.
Pero
también destacó las medidas adoptadas por Colombia para reducir las ejecuciones,
incluida la destitución de oficiales de alto rango y permitir el monitoreo por
parte de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sin embargo,
la impunidad continúa, dijo.
Caso de los ex
paramilitares
El Relator Especial también
encontró "un alarmante nivel de impunidad para los ex-paramilitares". Según
Alston, "el esfuerzo de Colombia para terminar con la violencia paramilitar y
exigir responsabilidades está siendo cuestionado.
La inmensa mayoría de los
paramilitares responsables de violaciones a los derechos humanos fueron
desmovilizados sin investigarles y muchos se beneficiaron de amnistías. Hoy, el
fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento
de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría
por antiguos paramilitares", dijo.
Swisslatin
(28.05.2010) | 