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Derechos Humanos


Los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos protestan contra leyes consideradas discriminatorias  (foto agencias)

Experto de la ONU considera “ley de Arizona” contraria a derecho internacional

Dispositivo legal estadounidense criminaliza especialmente a los documentados, en su mayoría latinoamericanos.

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Hasta ahora ningún organismo internacional del sistema de Naciones Unidas ha tomado posición oficial sobre la ley suscrita recientemente por la gobernadora de Arizona, en Estados Unidos, que criminaliza a los indocumentados.

Un vocero del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) dijo que se trataba de una ley nacional y que era en el contexto interno que debería ser abordada en prioridad. Otros organismos reconocen el derecho internacional que tienen los países para establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio.

Pero poco a poco comienzan a surgir críticas en estamentos inferiores y en organismos defensores de los Derechos Humanos, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de un experto del Comité de la ONU sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, que se encuentra reunido en Ginebra.

Un experto se pronuncia

Este último, Miguel Ángel Ibarra, en una entrevista con la Radio Naciones Unidas, recordó que la detención arbitraria de cualquier persona es contraria al derecho internacional.

“Si no ha cometido infracción no tienen por qué detenerle o mucho menos pararle simplemente porque tiene facciones físicas de ser latino”, dijo.

El experto de la ONU agregó que la ley, que entrará en vigor en agosto próximo, contradice la reforma migratoria de la que ha hablado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

El pasado 24 de abril, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB1070, ordenamiento que en la práctica penaliza, encontrarse ilegal en ese territorio estadounidense y obliga a los policías a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria.

La CIDH alza la voz

Por su parte La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró este miércoles que la nueva ley antiinmigrante en Arizona abre la puerta a la discriminación racial en ese estado.

El organismo expresó también su preocupación por la criminalización de la presencia de indocumentados, por considerar que lleva al extremo las normas internacionales sobre los controles migratorios.

“La Comisión Interamericana expresa su profunda preocupación ante el alto riesgo de discriminación racial en la implementación de la ley”, indico el órgano dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Promulgada la semana pasada, la ley exige que la policía de Arizona pregunte sobre la situación migratoria de cualquier persona sobre la cual tenga “sospecha razonable” de estar ilegalmente en el país.

Delito criminal de “traspaso”

Establece además que la presencia de un inmigrante indocumentado en Arizona configura el delito criminal de “traspaso”, que conlleva una pena de hasta seis meses de prisión y el pago de una multa.


El máximo órgano de la OEA en materia de derechos humanos recordó que las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y luego de haber analizado, en cada caso, su necesidad y proporcionalidad.

La CIDH retomó una resolución emitida el año pasado, en la que indicó que los Estados deben evitar la prolongación excesiva de la detención en todos los casos, y deben asegurar que sea lo más breve posible.

En un comunicado, la comisión asentó que la detención debe ser ordenada por la autoridad competente, acción que por regla general recae en un juez.

Mecanismos de control

La CIDH precisó que el derecho internacional reconoce que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio.

Empero indicó que las acciones en este sentido deben realizarse dentro del pleno respeto a los derechos de las personas afectadas.

De igual modo refirió la observancia de principios fundamentales como la no discriminación, que los derechos a la libertad e integridad personal no pueden subordinarse a la implementación de políticas públicas.

La comisión exhortó a las autoridades estadounidenses a buscar los mecanismos adecuados para modificar la ley de Arizona “a fin de adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos para la protección de los y las inmigrantes”.

Swisslatin (29.04.2010)

 
 
 

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