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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el gobierno de
Colombia iniciaron un proyecto de estudio de ocho territorios habitados por
comunidades afrodescendientes que afrontan inseguridad y pobreza aguda.
El objetivo es analizar la situación económica y social y las características
culturales de esos grupos, así como el potencial económico de sus tierras.
La OIM destacó que se trata del primer estudio elaborado con la participación
activa de las comunidades de afrodescendientes.
Servicios de asistencia y protección
La intención es que las conclusiones de este análisis provean una guía para los
responsables de elaborar políticas públicas y brindar servicios de asistencia y
protección.
Las ocho comunidades seleccionadas para el estudio viven en diferentes regiones
del país: el Valle del Cauca, César, Bolívar, Nariño y Chocó.
Algunas de esas comunidades han sido afectadas por el conflicto armado mientras
que otras carecen de títulos oficiales de propiedad de sus tierras, lo que les
impide reclamar sus derechos o acceder a créditos para proyectos de desarrollo
rural, además de que corren en riesgo de perderlas frente a grupos armados o
narcotraficantes.
Ocupación ancestral sin propiedad oficial
Por lo general, esos grupos carecen de organizaciones sociales sólidas y los
servicios básicos con que cuentan son muy precarios.
“Esperamos que con este proyecto piloto las comunidades se apropien de su
metodología y en un futuro puedan liderar este ejercicio de caracterización en
comunidades cercanas”, señaló Marcelo Pisani, Jefe de Misión de la OIM en
Colombia.
Adicional a esto, el proyecto empoderará a los consejos comunitarios en los
procesos de titulación colectiva de aquellos territorios que han sido ocupados
de manera ancestral, pero que aún no están titulados.
Programa de restitución de tierras
En este marco y también con el apoyo de la OIM, se ha puesto en marcha el primer
programa de capacitación para jueces y magistrados “Justicia Transicional y
Restitución de Tierras”.
La formación consiste en un curso de nueve módulos pedagógicos diseñados para
entrenar a los funcionarios públicos encargados de la implementación del proceso
de la ley de “Restitución de Tierras Despojadas”.
Jueces agrarios
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras estableció que se deben designar
alrededor de 134 jueces y 60 magistrados para tomar decisiones judiciales en
torno a la restitución de tierras y dirimir conflictos relacionados con la
propiedad en las zonas rurales. Se espera que los más conocidos como “jueces
agrarios” fallen, en el 2012, al menos 2.100 casos de restitución.
En Colombia, alrededor de 4 millones de hectáreas fueron abandonadas por causa
de la violencia, y 2 millones fueron despojados ilegalmente por el gobierno,
grupos armados o particulares inescrupulosos.
El 40% de predios son informales
Se calcula que alrededor de 350 mil familias serán beneficiarias del proceso de
restitución de tierras. Así mismo, se estima que aproximadamente 1,5 millones de
hectáreas no tienen actualmente un título formal que defina su situación de
propiedad, esto significa que alrededor del 40% de los predios rurales del país
están en situación de informalidad.
Swisslatin (22.02.2012) | 